“Arden fogatas de emancipación femenina”, escribió hace cien años Julieta Lanteri. En 2018, esos fuegos vuelven a arder, y tenemos las caras tan tiznadas como felices por las chispas que nos queman. Ese fuego es al mismo tiempo abrasador y liberador. Ahora qué sí nos ven, nosotras también podemos ponerles palabras a aquellas violencias que recién hoy encuentran un cauce para ser dichas.

El aluvión de revisión que trae la época permite que se escuchen nuestras voces, y no sólo, sino que algunas, algunes, muches, des-naturalicen opresiones que formaban parte del kit de la formación de la femineidad, tal como la construye el patriarcado, esa gran malla (cada vez menos) invisible que nos ajusta y nos resta libertad de movimiento, fuerza vital.

Las denuncias de violencias pasadas y presentes estallan en las redes. Chicas jóvenes que cuentan experiencias de abuso muchas veces calladas por miedo, por pensar que no era “para tanto”, porque si habías llegado hasta ahí, tenías que seguir.

Una señora de 60 años que dice “gracias a ustedes me di cuenta de que mi primera vez fue una violación”, es apenas una varilla del abanico de violencias que -de tan cotidianas- se tornaron “reglas de seducción”, a una usanza en la que decir que sí era decir sí a todo, y decir que no siempre habilitaba una insistencia, la posibilidad de forzar la voluntad de la mujer (trans, lesbiana, travesti). Todavía lo expresa así, en los últimos días de 2018, una columna de opinión de Gloria López Lecube en el diario Clarín. El miércoles pasado sostuvo que “el no debe ser categórico” para abonar esa frase machirula que muestra la desorientación de tantos hombres atrincherados en la fratria: “Ahora vamos a tener que ir con un abogado al telo”. Demasiadas antigüedades en una frase y sin embargo, las mujeres heterosexuales de más de 30 tienen que surfear entre sus deseos de seducción, encuentro, goce y el rechazo de las machiruleadas, en alza ante los límites que ellas imponen, basadas en su deseo. Decirles que nuestro deseo vale parece una afrenta. Justamente, que las mujeres tengamos algo –todo– para decir en nuestras relaciones íntimas es una novedad para muchos. 

Arden esas fogatas de emancipación femenina y queman lo viejo, sin configurar todavía cómo será lo nuevo, cómo se rearmarán nuestras relaciones (sentimentales, pero también laborales, amistosas, la convivencia callejera). Mientras todo cruje, parece claro que ese orden no llegará prolijamente, sino arrasando nuestros vínculos tal como los conocemos. 

Si en 2015 las chicas que denunciaron a Cristian Aldana gritaron “No nos callamos más”, en una pancarta que fue anuncio de época, hoy se impone el “No es No” como un límite sin ambages. Cuando una mujer quiere, dirá que sí, invitará, lo hará saber. Cuando no quiere –lo que sea que no quiere en el marco de su relación– cualquier violencia contra su deseo es justamente eso. 

Las pibas –las mujeres grandes que hoy se dan cuenta– denuncian en las redes y en todos los lugares que pueden. Pero la vía penal es muchas veces un nuevo laberinto. Como respuesta pública, el Estado pone a disposición, publicita, un recurso: “Si conocés a alguien víctima de violencia de género, llamá al 144”. Como ya contó este diario, las llamadas al 144 se triplicaron tras la denuncia de Thelma Fardin con el colectivo Actrices Argentinas contra Juan Darthés. El abuso sexual a niñas, niños y adolescentes dejó de ser un secreto familiar, una anomalía a guardar para no perjudicar al perpetrador. Sin embargo, el Estado no tomó nota de las necesidades que supone ese cambio de época. Precarizadas, cada vez más exigidas, con menor presupuesto, quienes atienden la línea 144 se enfrentan a las exigencias propias de la escucha, asesoramiento y derivación en violencia de género sumado a la impotencia por la falta de recursos disponibles y su propia precariedad, falta de supervisión, incertidumbre sobre la duración del contrato. Así lo denunciaron las trabajadoras y relató Las/12 el viernes pasado, en la nota “Línea quemada”, de Flor Monfort, al tomar la voz de Malena Maturano, delegada del Instituto de Género y Diversidad Sexual de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, de la que depende la atención de la línea 144. 

El presupuesto sancionado para 2019 implica una reducción del 18 por ciento en términos reales para el Instituto Nacional de las Mujeres en relación a este año. Cuando se pone la lupa en el tan reclamado –y publicitado por el gobierno– Plan Nacional de Acción, el ajuste es mayor. El proyecto enviado por el Gobierno lo elevaba al 39 por ciento, según el análisis realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Pero en las cámaras, se le inyectaron 100 millones de pesos. 

“Cuando se discutió el presupuesto hicimos especial énfasis en la reducción superior al 17 por ciento para las políticas de género y de más del 20 para el Plan Nacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres. En términos generales, las políticas para la prevención de la violencia o la intervención en casos de violencia están sistemáticamente desfinanciadas”, expresó la diputada nacional Lucila De Ponti, del Movimiento Evita, quien subrayó la llamada Ley Micaela García, para que el Estado capacite en género a todas las personas que trabajan en la administración pública. “Somos conscientes de que en la medida en que no se modifique la jerarquía presupuestaria que se le da a la ejecución de estas políticas va a ser muy difícil llevarlas a cabo, sobre todo en un momento como el actual en el que esta gran cantidad de denuncias que se producen genera que todas estas herramientas como el 144, las líneas provinciales y los centros de denuncias estén totalmente colapsados. Es necesario revisar de qué manera el Estado va a ir acompañando estas transformaciones sociales”, planteó la legisladora. 

Sin recursos para dar respuestas, la ola puede inundar de frustración a las miles que piden ayuda. “Si bien las mujeres fueron avanzando en su posibilidad de denunciar, porque se pudo conocer más la temática, porque hubo más difusión y se pudo reconocer situaciones de violencia que antes no se denunciaban, por otro lado hay un estado ausente, que no da respuestas, teniendo en cuenta la reducción presupuestaria y de personal”, sostuvo Sofía Botto, referente de MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana). Como muestra, cuenta que en el relevamiento sobre femicidios que realizan desde 2015, creció el porcentaje de mujeres que habían realizado denuncias previas –y a las que el Estado no protegió– del 12 por ciento en 2015 al 22 por ciento este año. Es decir que ellas denuncian, pero la protección no llega.