La Cámara Federal de Rosario (Sala B) rechazó el intento del fiscal general Claudio Palacín de desligarse de una causa sensible. Es la que investiga al juez Nº 1 de Santa Fe Reinaldo Rodríguez por presunto "fraude en perjuicio del Estado", "prevaricato" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", pero que su colega de Rosario Marcelo Bailaque ordenó cerrar por falta de pruebas. El fiscal Walter Rodríguez apeló, así que ahora el tribunal deberá resolver si confirma el "archivo de las actuaciones" o lo revoca, como planteó el Ministerio Público. Palacín pidió no intervenir en el proceso por su "trato" con el juez de Santa Fe y alegó razones de "decoro", "delicadeza" y "violencia moral", pero el juez de Cámara Aníbal Pineda -que intervino en el incidente- consideró que las "circunstancias" que relató el fiscal eran "insuficientes" para apartarlo del caso y desestimó la solicitud.

Una coincidencia. La resolución que rechazó la excusación de Palacín es del 21 de diciembre. El mismo día que el secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos José Schulman denunció al juez Rodríguez ante el Consejo de la Magistratura por supuesto "mal desempeño" y pidió que se investigue su conducta.

La causa es la secuela de un juicio por una maniobra con títulos públicos en default por casi 700 mil pesos, que no aún no fueron recuperados por el Estado. En octubre de 2017, el Tribunal Oral de Santa Fe condenó al inversionista Miguel Dubarry y a su abogado Carlos Clerc a dos años y 10 meses de prisión por "estafa a la administración pública" y ordenó, a pedido del fiscal Martín Suárez Faisal profundizar la pesquisa para determinar si en el operativo participaron otras personas.

El 2 de febrero, el fiscal de la causa imputó al juez Rodríguez. El 6 de abril, el juez Nº 2 de Santa Fe, Francisco Miño, ordenó la indagatoria de su colega, pero luego la suspendió porque éste lo había recusado por "enemistad manifiesta". Intervino un segundo juez, el de Rafaela, Miguel Abásolo, quien también se excusó por el mismo motivo. Y el tercero, que era Bailaque, revocó el decreto de Miño que había llamado a indagatoria a Rodríguez por considerar que no había "sospechas fundadas" para indagarlo y dispuso el "archivo de las actuaciones", como le pidió la defensa.

El fiscal Walter Rodríguez apeló la resolución de Bailaque ante la Cámara Federal de Rosario, así que la causa quedó radicada en la Sala B que integran los jueces José Toledo, Elida Vidal y Anibal Pineda. Es el "Legajo de apelación en autos 'Rodríguez, Reinaldo Rubén por defraudación contra la administración pública'", como dice la carátula. Y en el primer incidente, Pineda rechazó el intento del fiscal general Palacín de apartarse del trámite por "motivos graves de decoro y delicadeza" y "encontrarse en una situación de violencia moral".

Palacín dijo que conoce al juez Rodríguez por sus "actividades funcionales", que ambos "prestaron juramento el mismo día, con pocos minutos de diferencia" y "desde entonces" mantienen "una relación cordial, encuentros académicos y cenas en la ciudad de Santa Fe, donde reside con su familia, además del trato continuado como colegas de la jurisdicción". En "pos de la transparencia" y de "alejar cualquier sospecha sobre la objetividad de su actuación", pidió apartarse de la causa.

Sin embargo, el juez Pineda desestimó los argumentos de Palacín. "En rigor, no surge de las circunstancias objetivas señaladas, ninguna que exceda de la mera delicadeza y respetable celo en el ejercicio de su tarea por parte del fiscal general. De tal modo, resultan insuficientes como razones que justifiquen su apartamiento del conocimiento de este proceso, ya que se ubicarían más allá de las pautas que determinan la posibilidad concreta de excusación", explicó Pineda. Coincidió con "carácter restrictivo" que impone la Corte Suprema de Justicia de la Nación "como pauta para valorar las excusaciones sustentadas en el decoro de los magistrados" y por lo tanto, rechazó "la excusación solicitada por el doctor Palacin para intervenir en la presente causa".

Así, ya son cuatro los jueces que ordenaron investigar: los tres del Tribunal Oral de Santa Fe, Luciano Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello y el doctor Miño y uno, Bailaque, que dispuso el archivo de la causa.