La Asamblea Feminista de Rafaela, representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, del Partido Socialista y de la Asociación Santafesina de Medicina General y de Familia, entre otras, se reunieron con el intendente Luis Castellano para pedirle que vete la ordenanza que garantiza la "protección integral" a "las mujeres embarazadas en estado de vulnerabilidad y a los niños por nacer". El mandatario convalidará la norma, nacida de un proyecto de iniciativa popular que juntó alrededor de 2.000 firmas, sobre 100.000 habitantes, y de abierta ilegalidad, ya que no puede interferir en principios superiores como los tratados de rango constitucional. Castellano también se reunió con Rafaelinos por la Vida -la agrupación antiderechos que impulsa acciones contra la decisión de las mujeres. Hasta ahora, las realizaban de manera irregular, con llamadas telefónicas, visitas y medidas intimidatorias a quienes solicitaban la interrupción legal del embarazo. "Esta ordenanza legitima el accionar de las organizaciones antiderechos. El texto es inconstitucional, porque se opone al Código Penal, a la ley de derechos del paciente, viola todo un marco jurídico", apuntó la médica Gisel Boidi, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.
"El texto es ilegal e inconstitucional, porque se opone al Código Penal, y a los derechos de los pacientes".
En la reunión, la responsable del nodo de Salud que corresponde a Rafaela, Marcela Kloster, también manifestó que la ordenanza está en abierta contradicción con la política provincial de salud, que aplica el protocolo nacional para las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, en consonancia con el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de marzo de 2012. Esa resolución deja bien en claro el derecho a acceder al aborto de quienes hayan sufrido violación y quienes pongan en riesgo su vida o su salud, en el amplio sentido instituido por la Organización Mundial de la Salud. "El intendente manifestó desconocer muchos puntos del proyecto de ordenanza que surge a partir de una iniciativa popular, cuyo principal problema es que el reglamento del Concejo indica que no puede entrar en contradicción con normativas superiores", explicó Natalia Enrico, que fue concejala y hoy integra el espacio de Derechos Humanos del Partido Socialista.
En los últimos días de diciembre, la ordenanza se aprobó con el voto doble del presidente del Concejo, Raúl Bonino. "Esta ordenanza va en contra de las políticas públicas provinciales que se vienen garantizando. El espacio que quieren crear atenta contra el derecho de las mujeres a realizarnos un aborto por causales que está establecido claramente en las leyes", expresó Enrico.
De la reunión participó Margarita Molfino, oriunda de Rafaela y radicada en Buenos Aires, integrante del colectivo Actrices Argentinas. La concurrencia fue diversa, y fueron elocuentes sus críticas a la ordenanza. Debieron escuchar de parte de Castellano que debían unirse a las organizaciones antiderechos. Recibió una contundente respuesta de Boidi. "No hay diálogo con un sector que no reconoce al otro o a la otra como sujeto de derecho", le espetó la médica que trabaja para garantizar lo que deciden las personas gestantes. "Dejamos en claro que nosotras escuchamos y respetamos lo que las mujeres deciden, no intentamos coaccionar su decisión. Esa es la gran diferencia con estos grupos, que son violentos, y quieren hacer desistir a las mujeres de ejercer sus derechos, del uso de anticonceptivos, del acceso a la Educación Sexual Integral", afirmó.
Por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia participó el abogado José Luis de Iriondo. "La ordenanza en cuestión, tal como fue aprobada, resulta abiertamente inconstitucional y que por tanto no se debería convalidar", consideró. Si Castellano tuviera la voluntad -y ya manifestó que no la tiene- podría vetarla hasta el martes.
Para De Iriondo, la norma es inconstitucional "por la materia que se pretende regular y fundamentalmente porque su contenido y espíritu vulnera derechos fundamentales de las mujeres consagrados en el ordenamiento legal, en la Constitución Nacional y en tratados internacionales que dice reivindicar".
Por su parte, la integrante de la Asamblea Feminista de Rafaela, Claudia Perren, subrayó que esta ordenanza legitima la permanente coacción que los grupos antiderechos realizan sobre las mujeres, obteniendo información de manera ilegal para presionarlas. "Nosotras hablamos de ampliación de derechos y ellos de obstaculizar", subrayó la activista, quien recordó que "pasó algo grave hace poco y es que una joven que accedió a una ILE reconoció a dos de las integrantes de estos grupos autodenominados provida que la fueron a buscar a la casa, la hostigaron, la llevaron hacerse una ecografía contra su voluntad". La integrante de la Asamblea alertó que esta embestida incluye a la Educación Sexual Integral.
"Lo que claramente no puede hacer una ordenanza es tergiversar los contenidos de los tratados internacionales, proponer la creación de un centro de atención (para que las mujeres continúen con su embarazo) que no se sabe dónde estará, y contraponerse a una política de salud. Hay una incompatibilidad de niveles, funciones y responsabilidades del estado. ¿Qué viene a solucionar esta ordenanza? No lo pudieron contestar los concejales que la votaron ni el intendente. Para nosotras, en realidad viene a legitimar e institucionalizar prácticas de vulneración de derechos. No viene a solucionar ningún problema, sino que va a profundizar los obstáculos que ya tenemos, no sólo en acceso a las ILE sino también en anticoncepción", consideró la médica.
