Protesta de ronda
POLITICA | En una nueva marcha contra los tarifazos, una probable convocatoria a paro nacional en febrero y las asambleas preparatorias del Paro Internacional del 8M, dos de las principales referentes de las centrales de trabajadorxs, Estela Díaz y Silvia León, hablan de la necesidad urgente de enlazar luchas. Porque el recrudecimiento de la pobreza y las violencias afectan principalmente a mujeres y niñxs.
Imagen: Leandro Teysseire

La unidad y la acción de las mujeres volvieron a tomar las calles. La segunda marcha nacional contra los tarifazos y el ajuste, esta vez en Rosario y Santa Fe, movilizó a los sectores más golpeados de la sociedad,  movimientos sindicales, políticos y sociales. Contra el aumento salvaje de las tarifas y la reafirmación de los acuerdos de deuda con el FMI que hunden inexorables la capacidad del consumo familiar y las ya mínimas condiciones de vida digna. La inflación de 2018 fue de 47,6 por ciento, superando los picos de 42 por ciento en 2002, y la suba de precios llegará al 245 por ciento. Más del 30 por ciento de los ingresos se destinan a pagar los servicios mientras el retroceso salarial no para. Entre diciembre de 2015 y enero de 2019 el agua subió un 350 por ciento, la luz el 750 por ciento, el gas 3700 por ciento y el transporte público un 300 por ciento, según datos de la Multisectorial contra el Tarifazo. Se derrumba un escenario donde más del 30 por ciento de los hogares del país está a cargo de mujeres. “Y la pobreza creciente recrudece en esos hogares con mujeres a cargo del plato de comida diario y de los cuidados de niñxs y adultxs. Cuánto impacta esto en los salarios, que además implica mayor informalidad laboral y mayor desocupación”, plantea Estela Díaz, secretaria de Géneros de la CTA de los Trabajadores. “La política neoliberal del gobierno de Macri profundiza las desigualdades para las mujeres, y el ajuste tarifario es muestra concreta de esta realidad. Que aumenten luz, gas y transporte público son decisiones que afectan la canasta básica de ingresos.” 

Referente sindical ineludible y una de las actoras centrales de la primera Marcha de las Antorchas del jueves 10 al Congreso Nacional, y del Paro de mujeres, lesbianas, travestis y trans del 8 de Marzo, Díaz habla de la necesidad urgente de sostener la masividad de los jueves de enero en diferentes ciudades del país, antesala de la construcción del segundo paro internacional feminista contra los despidos, el ajuste de la Alianza Cambiemos y por aborto legal, seguro y gratuito. “Las cifras hablan por todxs: en más de un 75 por ciento somos las mujeres quienes nos hacemos cargo de los servicios, la economía doméstica y de insumos esenciales como salud y medicamentos. Este encarecimiento brutal nos insume horas de nuestro cotidiano y a la pobreza de tiempo que de por sí tenemos las mujeres debemos destinarla a ver cómo hacemos para estirar los recursos. Por lo tanto somos las primeras que debemos salir a la calle.” 

Esa fuerza popular volvió a manifestarse en Rosario, “para dejar la queja en casa”, expresión transversal que se pronunció en las calles. Ayer, “No nos quedamos quietas” fue consigna que se replicará en marzo en las escuelas, en los lugares de trabajo, en los territorios en conflicto, en hospitales y en las villas. “Movilizarnos desde las marchas de los jueves y visibilizar que se pretende hacer un discurso de igualdad de género frente a empresarias multimillonarias del G-20 mientras se presentan proyectos tramposos de reducción de brechas que sólo acrecientan desigualdades”, advierte Díaz. “Cuando hablamos de las violencias no podemos separar la desigualdad económica de las condiciones en que estos ajustes nos dejan en nuestros hogares, para pensar cómo construimos vidas autónomas, libres de violencias y desendeudadas.”

Prioridades y profundizaciones, advierte Silvia León, secretaria de Género e Igualdad de la CTA nacional. Un ahogo mayor en 2019, según lo venían denunciando desde la central que integra, a partir de la aprobación del Presupuesto de miseria, “donde se priorizaron los intereses de la deuda externa por sobre las políticas públicas, lo que tiene su principal impacto en las mujeres y colectivos vulnerables”. León abre un glosario de números: “Somos las perjudicadas porque además del trabajo remunerado más precarizado que el de los varones, realizamos en mayor porcentaje trabajo no registrado y trabajo reproductivo no remunerado. Sigue firme la brecha salarial del 27 por ciento. Y la desocupación es más alta: el 11 por ciento en las mujeres sobre un 9 por ciento en los hombres, lo que se agudiza en las jóvenes de 14 a 29 años, con índices de desocupación general del 21 por ciento, y en zonas más pobres como el conurbano aumenta en un 24 por ciento, con empobrecimiento extendido a niñas y niños.”

Manda el vaciamiento de las políticas de género con recortes emblemáticos de partidas, caso Instituto Nacional de las Mujeres (Inam), “que ha sufrido una pérdida real de presupuesto respecto de 2018 –explica León–, ya que solo prevé un 10 por ciento de aumento cuando la inflación está muy por encima de este número”. Lo central, la erradicación de las violencias hacia mujeres, lesbianas, travestis y trans; el ascenso imparable de los femicidios, violaciones, abusos y acosos hablan del desguarecimiento colectivo. “Y de la pérdida real de inversión de presupuesto en políticas públicas que resuelvan estas problemáticas. El Programa de rescate y acompañamiento de víctimas de trata, del Ministerio de Justicia, no verá aumentada su partida presupuestaria por la inflación. De arrastre, el presupuesto 2018 fue subejecutado en políticas de prevención y erradicación de violencias de género y en ESI, en un año de lucha histórica por la legalización del aborto.”

Redefinir pasos y reconocer lo invisibilizado abriría nuevas estrategias para la reparación de derechos que se escurrieron. “Es llamativa la ausencia de presupuesto para la creación de hogares de protección para mujeres en situaciones de violencia; no existe inversión en creación de hogares. Pura publicidad del Plan nacional de erradicación de violencia hacia las mujeres en 2017. Previeron para 2019 una inversión de 52 millones y sin embargo están presupuestando 32 millones, con la particularidad de que además no lo ejecutan.” 

–Ahora los jueves, en febrero la convocatoria a paro nacional y por supuesto, el 8 M  –sonríe León, activista feminista, remadora incansable de asambleas preparatorias. “Debemos realizar todas las acciones necesarias en defensa de una movilización imponente, que creemos tiene que ser mayor que la que pudimos concretar unificadamente en 2018 el movimiento de mujeres junto con la clase trabajadora. Fue un ejemplo de unidad en todo el país, con  las trabajadoras de todos los gremios y de la economía popular. Que este 8M exploten las calles exigiendo políticas públicas de géneros, de inversión, de inclusión social, de salud, de educación y de trabajo.”

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