La reforma laboral vuelve a tomar impulso. Tras el fallido intento para modificar el marco regulatorio general mediante una ley, la flexibilización será negociada de manera directa con cámaras y sindicatos. El sector textil, uno de los más golpeados por el programa económico, es el candidato ideal para iniciar la transformación de las relaciones laborales anhelada por el gobierno. Las suspensiones y despidos masivos por el cierre de fábricas que no encuentran demanda para su producción allanaron el terreno. La iniciativa está en manos del flamante secretario de Trabajo, Lucas Aparicio, quien asumió a mediados del mes pasado. El funcionario pretende incorporar un fondo de cese laboral y un banco de horas en los convenios colectivos de trabajo de la cadena textil. Ambos instrumentos estaban previstos en el anteproyecto de reforma presentado por el Poder Ejecutivo a finales de 2017. El paquete inspirado en la brutal reforma brasileña no logró avanzar en el Congreso. Un tercer elemento que se busca incorporar son cláusulas de productividad. 

La avanzada oficial comenzó el viernes pasado y las conversaciones continuarán mañana cuando gremialistas y empresarios vuelvan a ser recibidos por el reemplazante de Jorge Triaca. El abogado expresa ante sus interlocutores que la crisis ofrece la oportunidad para retomar a escala sectorial la discusión de la fallida reforma laboral. Sin embargo, ni el banco de horas ni el fondo de cese laboral forman parte de los reclamos de las cámaras empresarias. Los representantes patronales solicitan el acceso al programa Repro o beneficios impositivos para atravesar 2019. 

A pesar del entusiasmo oficial, los gremios tampoco consideran que injertar porciones de la flexibilizadora reforma laboral en sus convenios colectivos represente una solución sustentable. Existen graves problemas para que los trabajadores de las fábricas quebradas cobren sus indemnizaciones. Incluso se registró un caso donde los dueños aprovecharon el desequilibrio de fuerzas para cancelar sus obligaciones en especie ofreciendo a sus empleados las mudas de ropa interior producidas por la firma. Pero, aunque la urgencia laboral y salarial los inclina a analizar las propuestas del Gobierno, los representantes gremiales consultados por este diario advierten que esos instrumentos no pondrán un freno a la debacle sectorial. 

Las causas de la crisis que arrasa con el empleo sectorial, explican los gremios, deben buscarse en la apertura comercial, el desplome del consumo interno y las altas tasas de interés. La actividad textil fue el bloque industrial más afectado por la corrida cambiaria y el programa de austeridad desplegado para intentar controlarla. El sector se desplomó 32,2 por ciento en noviembre y acumuló en once meses de 2018 una contracción de 13,6 por ciento. Las últimas estimaciones del Indec muestran que seis de cada diez máquinas disponibles en la industria están paralizadas ante la falta de demanda. 

Las cifras se traducen en el cierre de las fábricas y despidos, ante lo cual la Secretaría de Trabajo propone desempolvar mecanismos previstos en la reforma laboral. La estrategia es similar a la utilizada a comienzos de 2017 cuando, ante la imposibilidad de avanzar con una reforma general de la Ley de Contrato de Trabajo, impulsó cambios por sectores. Los primeros casos fueron los petroleros y los trabajadores de la industria láctea, seguidos por la carne, empleados del sector automotor y los madereros. 

La creación de un banco de horas en los convenios colectivos de trabajo, como deslizó Aparicio a sindicalistas y empresarios de la rama textil, habilita que se realice una compensación de horas a lo largo de un año, de forma que las horas trabajadas en exceso en una jornada se compensen con menos horas en otro día. En otras palabras, se pueden establecer jornadas de hasta 10 horas diarias sin pagar horas extras. La medida, que también fue incluida en la reforma laboral de Brasil, flexibiliza y aumenta la jornada laboral y así reduce los pagos suplementarios por horas extra que pasan a ser compensables. 

Por su parte, el “fondo de cese laboral” sustituye al empleador en el cumplimiento de las obligaciones de pago de indemnizaciones por despido. La medida crea un sistema de capitalización de fondos para un despido “asegurado”. Como estaba redactado, el anteproyecto oficial reducía el monto de las indemnizaciones ya que dejaban de contemplarse para el cálculo las compensaciones de gastos y todo rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual. Además, estipula la posibilidad de cobrar las indemnizaciones en cuotas.

@tomaslukin