Argentina tiene un porcentaje altísimo de embarazo adolescente, un 15 por ciento, estable desde hace décadas. Y dentro de ese porcentaje las niñas embarazadas menores de 15 años llegan a 3000. Estas cifras han generado iniciativas diversas de políticas públicas en los ámbitos nacionales y provinciales sin que se haya podido reducir sustancialmente esta problemática.

Pensamos que sobran razones para alarmarse por estos datos: el embarazo adolescente además de contener un riesgo físico y psíquico por la escasa madurez del cuerpo de la gestante implica, en muchas situaciones, a futuro y de llegar a término el parto, la interrupción del proyecto de vida de la joven, tanto en sus estudios como en su vida familiar y social.  Por otra parte, en la mayoría de los casos de las chicas de temprana edad, los embarazos provienen de abuso sexual en el ámbito familiar o de violaciones, delitos gravísimos que deben ser perseguidos y condenados, además de producir traumas y huellas profundas en las victimas, las cuales deben ser contenidas y escuchadas con especial atención y eficacia.

Después del fuertísimo debate suscitado por la interrupción del embarazo de la niña violada en la provincia de Jujuy surgieron algunas conclusiones de elemental lógica legal e institucional: centrar la energía política y profesional en la prevención del abuso sexual en la infancia y de las violaciones en general, hacer cumplir claramente los procedimientos que rigen ya en nuestro país a partir del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en función del art. 26 del Código Penal argentino y la ley de Educación sexual integral.

Muy por el contrario, la desastrosa nota del diario La Nación coloca el debate en el peor de los escenarios: la banalización del abuso sexual, y la exaltación del embarazo adolescente. Es parte de la vieja visión del patriarcado de considerar a las niñas como cuerpos al servicio de la reproducción, negando o ignorando el conjunto de sus derechos. Su capacidad para decidir, su proyecto de vida autónomo. La nota señala claramente que no importa cómo se gestaron los embarazos adolescentes, parecen ignorar las situaciones de abuso sexual y violaciones en la infancia. No es ingenuidad profesional, se está haciendo de manera indirecta una apología del abuso sexual porque hay una amplia legislación que los considera delitos agravados por la edad temprana de las niñas. Nuestra jurisprudencia legaliza el aborto legal en esos casos sin limitaciones. Por supuesto que el requisito principal es escuchar la voz y contar con el consentimiento de la niña. Lo que se oculta en la nota del diario La Nación son las operaciones obstructivas realizadas por los sectores anti derechos,  en todos aquellos casos en que las niñas quisieron interrumpir el embarazo y se los impidieron con estas argumentaciones medievales.

Hay una carga de odio misógino inaceptable contra los pañuelos verdes. Contra las luchas y los ideales del movimiento de mujeres. Los pañuelos verdes brillan y se multiplican en la Argentina del siglo XXI porque tienen la luz de la autonomía y la libertad de los cuerpos femeninos, porque encarnan el derecho a decidir, sin imponer ni obligar a ninguna mujer ni a ninguna niña. Lo que se debe hacer es posibilitarles, con legalidad y atención sanitaria, el ejercicio de su libertad.