Interrogantes a resolver

La revisión de subsidios a la producción de gas no convencional que encaró el Gobierno, y que ya provocó el recambio de dos titulares de la cartera energética, tuvo una resolución: aplicar los alcances de la controvertida Resolución 46 sólo por la producción inicial de gas declarada por las empresas al solicitar que sus proyectos sean incluidos en el programa de estímulo. En otras palabras, reconocer el beneficio sólo por la producción proyectada y no por la efectivamente alcanzada. Esta decisión, que implica un ahorro de 700 millones de dólares totales sobre lo previsto en un principio, deja planteados sin embargo algunos interrogantes:

1) ¿Errores no forzados? La reinterpretación de los términos de la resolución 46 obedece al ajuste impuesto por el FMI, que en este caso decidió recortar de 1250 a 700 millones de dólares el esquema de incentivos para la producción del no convencional, y al sobrecosto fiscal que esto generaba como consecuencia del shock devaluatorio del 110 por ciento respecto a un año atrás. Esta circunstancia, que los funcionarios enuncian simplemente como un dato más de la coyuntura, responde en verdad a una autoimpuesta agenda más amplia donde el Gobierno busca licuar costos laborales y depositar en el Fondo Monetario el aval final para cualquier política económica a tomar.

2) ¿Libre competencia? La escasamente explicada decisión por incluir algunos proyectos dentro de los beneficios estipulados en la norma y “cajonear” otros que habían presentado otras empresas implicaba, en los hechos, una desnaturalización de la competencia entre las firmas del sector, dotando de mayor poder a Tecpetrol- principal beneficiaria de la Resolución 46- para incidir en los precios de mercado al poder ofrecer gas a menor costo que sus competidoras (puesto que siempre el Estado le garantizaría las brecha hasta llegar al límite máximo del subsidio).

3) ¿Más despidos? La decisión tomada implica dejar abierta la puerta a una demanda judicial de parte de Tecpetrol y sienta un precedente negativo para futuros desembolsos si se constata que efectivamente había derechos adquiridos, comprometiendo al Gobierno con el único sector donde tenía inversiones concretas para mostrar. Este recálculo, que supone para la empresa un recorte de aproximadamente 140 millones de dólares en los ingresos previstos, mantiene en alerta a los trabajadores y advierte un nuevo foco de conflicto laboral en puerta: Tecpetrol ya anunció la baja de cuatro de los seis equipos de perforación y el posible despido de 300 trabajadores, además de los costos políticos que el Gobierno paga con Neuquén, donde días pasados se realizó una asamblea que convocó a 20000 personas.

4) ¿Algún beneficiado? Suponiendo que esta reinterpretación de los términos de la Resolución 46 no incida fuertemente en la oferta interna de gas, en tanto no sería razonable cerrar los pozos que ya están en producción frente a la falta del subsidio inicialmente comprometido, en principio no surge un beneficiario claro del nuevo acuerdo: el supuesto precio más bajo del gas en boca de pozo no alivianará la ya onerosa factura que paga la demanda y, al mismo tiempo, la producción excedente continuará exigiendo un importante esfuerzo fiscal. Por otro lado, si las nuevas condiciones acarrearan una baja a la producción local, el interrogante es cómo se abastecerá la demanda interna en invierno, que podría verse comprometida por la precipitada decisión de “despedir” el buque regasificador de Bahía Blanca y comprometer menos volúmenes de compra a Bolivia, teniendo que recurrir a fuentes de aprovisionamiento más  caras.

En suma, las marchas y contramarchas observadas en materia gasífera revelan que no alcanza solamente con disponer del recurso y depositar en éste todas las expectativas de recuperación económica (Vaca Muerta como “otro campo”). El sector hidrocarburífero exige políticas de largo plazo que requieren de capacidades estatales y, en un país como el nuestro, donde las provincias tienen el dominio originario de sus recursos naturales, impone consensos políticos lo suficientemente potentes como para lograr la mejor coordinación posible entre la autoridad federal y las jurisdicciones subnacionales, procurando tomar decisiones que representen a todas las partes involucradas. En paralelo, consolidar un mayor grado de institucionalidad que asegure previsibilidad al capital privado pero donde el Estado conserve lo que Peter Evans llamó “autonomía enraizada”: cierto grado de prescindencia de los intereses empresariales para el diseño de políticas públicas eficientes que beneficien al conjunto de la sociedad.

* Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas (CEDEP). Docente FLACSO y UNPaz.

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