El gobierno porteño y las empresas Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y Metrovías recusaron al juez Andrés Gallardo, quien hace tres días dictó un fallo que dispuso que en las estaciones de subte donde no funcionen las escaleras mecánicas ni los ascensores, los pasajeros no debían pagar pasaje o bien se les debía reintegrar el dinero de cada viaje.
La presentación impulsada de la tríada recusatoria es coherente con las respuestas de las administraciones de Cambiemos a cada uno de los jueces que toman una decisión desfavorable o contraria a sus políticas. Esta vez la reacción fue contra el fallo emitido por Gallardo, que debería entrar en vigencia el lunes próximo.
Ayer, funcionarios porteños y representantes de la operadora de los subtes y de la concesionaria del servicio anticiparon que presentarían un amparo para revertir la decisión judicial. Sin embargo, en las últimas horas la administración de Horacio Rodríguez Larreta decidió enfrentar al titular del juzgado Nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
La apelación solicita “que se disponga el apartamiento inmediato” de Gallardo de la causa, por “falta de imparcialidad con intencionalidad de perjudicar” al los responsables del servicio de subtes.
El juez había emitido el fallo que malhumoró al gobierno porteño en una causa iniciada por el propietario de un local comercial en una de las galerías del subte, quien además padece una discapacidad motriz. El reclamo original había recibido el respaldo de la Defensoría del Pueblo porteña, que alegó “trato discriminatorio” ante la falta de accesos mecánicos.
El fallo, que comenzaría aplicarse a partir del próximo lunes, dispuso que todo usuario que al ingresar o egresar de una estación observe escaleras mecánicas o ascensores fuera de funcionamiento, se encontrará exento de abonar la tarifa o pedir que se le reintegre esa suma en la tarjeta SUBE.
