La policía brasileña arrestó ayer a ocho empleados, incluidos dos directores ejecutivos, del gigante minero Vale como parte de una investigación criminal por el colapso de una represa que causó la muerte de más de 160 personas. La represa, llena de desechos mineros y lodo, reventó hace tres semanas y lanzó una ola gigantesca de cieno en Brumadinho en el sureste de Brasil. El tóxico río continuó colina abajo, impactó en los hogares y contaminó los cursos de agua. Hasta el momento 166 personas han muerto y 147 siguen desaparecidas. Hubo también allanamientos en las oficinas de la subsidiaria brasileña de TUV Süd, una compañía alemana de pruebas industriales, que inspeccionó la represa de Brumadinho dos veces el año pasado.
Vale dijo en un comunicado emitido el 15 de febrero que estaba cooperando completamente con las autoridades y que “continuaría apoyando las investigaciones para determinar los hechos”, así como para ofrecer apoyo incondicional a las familias afectadas.
En Brasil, auditores independientes verifican la seguridad de las represas mediante inspecciones regulares y análisis de registros escritos. Sin embargo, de acuerdo con expertos, el proceso de certificación presenta fallas porque las compañías mineras seleccionan y pagan al auditor –lo que crea un posible conflicto de intereses– y brindan toda la documentación en que los inspectores basan sus análisis. En las semanas posteriores a esta tragedia, se difundió una serie de documentos que muestran que Vale ignoró señales de alerta en la represa. Vale anunció que cerrará las diez represas río arriba restantes y suspenderá la producción en los complejos mineros donde se ubican hasta que las represas estén fuera de servicio.
