Referentes de organizaciones sociales expresaron ayer su repudio a la iniciativa del bloque Cambiemos en el Concejo Municipal que propone sancionarlos con multas y quita de subsidios si cometen delitos o contravenciones por manifestarse públicamente. "Hay una directiva del gobierno de Macri de ir buscando los instrumentos legales para ir intimidando y garantizar el ajuste que viene en curso y que este año va a ser peor", señaló Eduardo Delmonte, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Los movimientos populares se reunirán hoy para consensuar un documento que exprese el rechazo a la propuesta de los ediles macristas, que también generó el repudio de la concejala Marina Magnani (Unidad Ciudadana), quien señaló: "Generan las necesidades y los problemas y después mandan a reprimir las quejas".

En los considerandos de la propuesta rubricada por cinco de los nueve ediles del bloque Cambiemos, Carlos Cardozo, Agapito Blanco, Renata Ghilotti, Germana Figueroa Casas y Agustina Bouza, se establece que las penas que contempla: multas económicas, clausuras de hasta un año, arresto, suspensión de subsidios municipales y la posibilidad de cancelar las prestaciones sociales provinciales y nacionales. Para este caso, se establece una alternativa de revisión de pérdida de beneficio en caso que la persona o entidad involucrada ofrezca realizar alguna tarea social "ejemplificadora" para la ciudad.

"Este no es un proyecto rosarino, uno similar se presentó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Creo que hay una directiva del gobierno de Macri de ir buscando los instrumentos legales para ir intimidando y garantizar el ajuste que viene en curso y que este año va a ser peor", señaló Delmonte.

El referente de la CCC consideró que este tipo de medidas buscan que el gobierno nacional llegue "lo más tranquilo posible, pero manteniendo las políticas de ajuste, a las elecciones de octubre. Estamos pagando 3.300 millones de pesos diarios de intereses de la deuda en beneficio de los conocidos de siempre. En ese marco el gobierno va tratando de disciplinar que no haya reacción, algo que no va a pasar porque hay mucha bronca".

Delmonte agregó que las organizaciones muchas veces encauzan los reclamos y los ordenan generando una instancia de negociación con el Estado. "Evidentemente, ellos apuestan a otra cosa. Pero dudo que este proyecto se apruebe, esta gente avanza sobre la libertad democrática. Si la gente, ante las promesas de los gobiernos que después no cumplen, en este caso pobreza cero, trabajo de calidad, si la gente no tiene la legalidad para salir a reclamar, qué le queda", expresó el referente de la CCC.

En la misma sintonía, el coordinador provincial de Barrios de Pie, Juan Carlos Odi, señaló que el gobierno nacional "está preparando el terreno para poner mano dura y que la gente no salga a reclamar, es prácticamente una dictadura". El dirigente barrial agregó: "Están abriendo el paraguas, hay gente que va a tener miedo de salir a reclamar, otra que no, pero siempre de una forma u otra nos están apretando, en Rosario lamentablemente hay cada vez más gente que protesta".

Desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el dirigente Ignacio Rico planteó que "es muy fácil ir contra los más vulnerables, cuya única forma de hacerse escuchar es cortando durante una hora una calle. En vez de querer criminalizar la protesta, y sancionar a quienes protestan por sus derechos, habría que sancionar a los funcionarios que con sus decisiones afectan el bolsillo de todos los argentinos, y favorecen el saqueo de nuestro patrimonio".

"También podríamos sancionar a los empresarios que especulan con la tierra, y generan burbujas inmobiliarias, como la que existe en Rosario, con 60 mil inmuebles vacíos mientras nuestros compañeros se amontonan en barrios precarios", agregó el dirigente juvenil del Movimiento Evita, para quien el proyecto de Cambiemos "no sólo nos perjudica a los movimientos sociales, sino que también va en contra de todos aquellos que salen al espacio público a protestar, como un pequeño grupo de vecinos que buscan que vuelva la luz tras largas horas de corte". Rico llamó a los ediles macristas "a trabajar en serio, sin mala leche, sin tratar de desviar la discusión de fondo que debe darse, que es cómo se frena el brutal ajuste económico que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri".

Según la concejala Magnani, desde el gobierno nacional "disponen fuertes aumentos de tarifas sin mejoras en el servicio; pero quieren caer sobre los vecinos que cortan una calle cuando les cortan la energía. Están anticipando un plan de gobierno local basado en la gestión de Mauricio Macri, que genera los problemas y después manda a reprimir las quejas. Quieren una sociedad sin libertad, sin democracia, sin derechos, en la que solo prosperan el lavado de dinero y las ganancias de los bancos".