Producción: Tomás Lukin

Los límites

Por Eugenia Arioua *

La firma del acuerdo stand by con el FMI le ofreció al gobierno la mejor estrategia política que podría imaginar, en este contexto, para continuar un recorrido que había iniciado al asumir. Desde el inicio de su gestión, Cambiemos basó su estrategia económica en tres pilares. En primer lugar, liberalizó el mercado de capitales y cambiario, para facilitar la movilidad de los capitales. Así, la lluvia de inversiones que nunca llegó, fue en realidad una tormenta de entrada y salida de capitales especulativos. Como contracara de ese proceso, el tipo de cambio, luego de haberse mantenido estable durante 2017, sufrió el año pasado, la peor devaluación desde 2002. En segundo lugar, el oficialismo buscaba reducir el déficit primario, con el objetivo de minimizar las necesidades de financiamiento externo. Por último, parte de la política económica se basaba en la promoción de la apertura comercial que resultó en una de los mayores déficits de cuenta corriente de los últimos 30 años.

Esta combinación de elementos dejó al equipo económico contra las cuerdas a mediados de 2018 y con una única aparente salida para continuar con su modelo, acudir al “nuevo FMI”. Según su directora, Christine Lagarde, la condicionalidad de la ayuda financiera no es más moneda corriente.  “¿Ajustes estructurales? Eso era antes de mi gestión. No tengo idea de lo que es eso. Nosotros no hacemos más eso. No, realmente, tienen que darse cuenta de que cambiamos la forma en la que damos nuestro apoyo financiero”. La supuesta cara lavada y discurso renovado del organismo multilateral obligó al Ejecutivo a reforzar, reafirmar y acelerar la implementación de su política económica dando fin al “gradualismo”. El objetivo principal era contraer la política fiscal y monetaria con un doble objetivo, eliminar el déficit primario y reducir significativamente la inflación. Es decir, mismos objetivos pero más acelerados y con mayor urgencia. Sin embargo, sólo se logró parcialmente el primer objetivo, ya que la inflación respondió más a la inestabilidad cambiaria, que a los efectos asociados al aumento de la tasa de interés. Todo esto, a costa de una brusca contracción del nivel de actividad.

¿Por qué esto podría beneficiar al oficialismo en el período electoral? Pese a la retórica del discurso del nuevo FMI, la realidad demuestra lo contrario. En particular, la principal condicionalidad asociada con la ayuda financiera del FMI, es la de reducir el “policy space” de los gobiernos, es decir, la capacidad que éstos tienen de hacer política. En otras palabras, el mayor ajuste recae en la reducción de la capacidad de los gobiernos de definir el rumbo de su propia política, limitando sus grados de libertad. 

De hecho, las sucesivas reuniones que mantuvo el equipo del fondo con los principales funcionarios y posibles precandidatos electorales de la oposición y el oficialismo, permite confirmar que la política de los próximos años estará condicionada por los lineamientos que proponga e imponga el FMI. No solo eso, sino que además será determinante, una vez que asuma el nuevo gobierno, renegociar esta condicionalidad y parte de los vencimientos.

Llamativamente, estos lineamientos y políticas siguen una línea muy similar a la que proponía inicialmente el equipo económico y político de Cambiemos. De esta forma, la ecuación cierra con todos (ellos) ganando. El oficialismo consigue margen y aval internacional para profundizar las políticas de su modelo, amparándose en que son requisitos del prestamista de última instancia. El FMI, por su parte, se garantiza ser parte de la determinación de la política económica. De esta forma, sea quien sea que gobierne en los próximos años, los grados de libertad que tendrá para definir la política económica se verán reducidos, aunque las condicionalidades también estarán sujetas a la voluntad y capacidad que cada candidato tenga en controlar ese espacio político.  

* Economista (UBA). Maestranda en Cooperación Internacional y Políticas Públicas para el Desarrollo del Instituto Universitario de Investigaciones Ortega y Gasset en Madrid. 

Restringir las políticas

Por Germán D. Feldman * y Alejandro Formento **

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno a instancias del FMI pone nuevamente de relieve la cuestión fundamental del rol de la entidad como agente de desarrollo. En los países periféricos como Argentina, el modelo de banco central que se pretende imponer responde a un intento de restringir las políticas macroeconómicas y financieras que facilitaron en el pasado el desarrollo de las naciones que constituyen hoy las principales potencias a nivel global. Además contribuye a conservar el status quo en las relaciones de poder entre centro y periferia. La expresión “pateando la escalera también” ilustra con claridad el sentido de este tipo de reformas que, más allá de sus objetivos declarados, no hacen más que impedir que países como Argentina puedan utilizar aquellas herramientas que las naciones centrales emplearon oportunamente para garantizar su industrialización y crecimiento sostenido y que podrían contribuir a superar nuestras dependencias tecnológicas y financieras, determinantes últimos de la escasez crónica de divisas. 

Con el objeto de establecer un primer marco de referencia para este debate, no debe soslayarse que el mandato único de estabilidad monetaria y el precepto de independencia del banco central, no constituyen principios institucionales o máximas de política ajenas a un determinado contexto histórico, político y social. La propagación hegemónica de estos valores a nivel mundial, obedece a los cambios registrados a partir del retroceso del keynesianismo y el auge de la visión neoliberal, desde comienzos de la década de 1970, coincidente con la profundización de la fase financiera del capitalismo conocida como etapa de “financierización”.

La propuesta para establecer por ley un “mandato único” con el objetivo excluyente de combatir la inflación –como ocurrió durante la Convertibilidad en los años 90–, implica deslindar a la autoridad monetaria de cualquier tipo de compromiso con la economía real. Si bien una mera revisión de la relación entre los mandatos legales y los objetivos efectivamente perseguidos por el BCRA durante los últimos años nos permite constatar un significativo “desapego” a las prescripciones normativas (metas de inflación durante el período 2016-2018 bajo un mandato múltiple), no puede omitirse que el mandato legal define una determinada impronta institucional que permite sustentar las políticas que la entidad despliegue. A título ilustrativo, podemos mencionar que la reforma de la Carta Orgánica de 2012 introdujo el mandato múltiple de estabilidad monetaria y financiera, empleo y desarrollo con equidad social que habilitó a la entidad a direccionar el crédito a las pymes y subsidiar tasas de interés (ejemplo de ello es la Línea de Crédito para la Inversión Productiva vigente plenamente entre 2012 y 2015 y desvirtuada hasta su eliminación en diciembre 2018).

Por otro lado, la imposición del modelo de Banco Central “independiente” a través de la limitación de su rol como agente financiero del gobierno (financiamiento del Tesoro por adelantos transitorios, giro de utilidades, etc.) y de autonomía del poder político en términos de fijación de objetivos, coordinación de políticas y designación y remoción de sus autoridades, no sólo implica adoptar un diagnóstico equivocado respecto de las causas de la inflación local (debería haber quedado claro ya que no se explica por el ritmo de emisión monetaria y el exceso de demanda agregada sino por el impacto de la restricción externa sobre la estabilidad cambiaria y la intensidad del conflicto distributivo), sino que plantea un conflicto aún más profundo con las propias bases del sistema republicano y representativo, al pretender entronizar a una elite tecnocrática ajena a la voluntad popular y las autoridades electas democráticamente. Ello, no haría más que dejar a la entidad a merced del lobby financiero local e internacional y sus exigencias de desregulación plena de los mercados financiero y cambiario. 

Desde esta perspectiva, la cuenta pendiente es avanzar en la definición de un modelo institucional de banca central con contornos propios que ponga a la autoridad monetaria al servicio del desarrollo, teniendo en cuenta que es difícil pensar en una política industrial que induzca exitosamente el cambio estructural sin una política monetaria, financiera y cambiaria acorde. En este camino, resulta oportuno destacar que, junto con esta necesaria redefinición, resulta imprescindible avanzar en la revisión de la Ley de Entidades Financieras, vigente desde el año 1977, con el objetivo de promover la conformación de un sistema financiero orientado hacia el crédito productivo y de largo plazo.

* Ex director del BCRA y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias.

**Ex director del BCRA.