Roberto Frutos es hijo de Raúl, quien era vicepresidente de la Biblioteca Vigil al momento de la intervención. "Mi vínculo personal es con la guardería. Yo tenía 5 años al momento de la intervención", recordó en su testimonial. Tras relatar el proceso de desguace del proyecto, habló de la Fiscalía de Estado: "Los expedientes no estaban en sede judicial, los tenía el interventor, a quien hubo que intimar. Esa es la primera intervención del órgano que debía supuestamente controlar toda la liquidación". Y recordó: "Había un ahogo financiero y político desde antes de la intervención. Vigil ya estaba claramente en la mira del Estado dictatorial". Y relató un incidente con una licitación por la Lotería de Santa Fe y la aparición de un memorandum del Servicio de Informaciones que "decía que si bien no podían determinar que eran subversivos (los de la biblioteca), hay elementos de sospecha como una colaboradora del Ingalinella, que estaba suscripta a una revista de izquierda y eso suficiente para la sospecha. Y propone que en caso que sea adjudicado debía haber un seguimiento de los directivo. Y finalmente dice que teniendo en cuenta el dinero que se recaudaba por la lotería podría ser usada para la biblioteca o para actividades subversivas, por lo que debía ser controlada.
Para Frutos, en varios hechos se de la época se nota "claramente el objetivo de la intervención que era destruir y desguazar lo que se había construido".
Y reclamó: "Si uno ve los estamentos del estado que debieron actuar y no actuaron se ve que todo sigue igual. Fiscalia de estado siguió sin hacer nada, los distintos jueces, el Inaes que en democracia no pidió rendiciones de cuenta, aun cuando en el 85, 86 hubo un primer intento de los socios de recuperar. No hubo ninguna instancia desde el estado que hiciera un cambio.
