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El ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación revocará el convenio que había firmado con organizaciones antiderechos para que el Estado nacional apoye sus intervenciones en relación a mujeres que cursan "embarazos inesperados". Tras el escándalo desatado luego de que este diario informara acerca del convenio, que la semana pasada fue presentado en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de la Nación con presencia de la diputada Carmen Polledo y adhesión de la vicepresidenta, Gabriela Michetti, la cartera había añadido una addenda al acuerdo: que las entidades responsables del 0800 antiderechos de la “Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable” informaran sobre la interrupción legal del embarazo a las mujeres que llamaran, dado que esa perspectiva de derechos es inherente al Plan Nacional Embarazo no intencional en la adolescencia (Plan ENIA), en el que se inscribe el convenio. Las entidades que componen la “Red”, de fuerte tono confesional, respondieron que no estarían en condiciones de hacerlo. Este diario pudo saber que, por eso, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia enviará hoy una carta para comunicar oficialmente la rescisión del acuerdo.
La decisión fue anunciada ayer durante una reunión en la Secretaría, en la que estaban presentes el titular del área, Gabriel Castelli --quien había suscripto el acuerdo--, y su segundo, Roberto Candiano. Fuentes que participaron de ese encuentro explicaron a este diario que, en principio, la decisión de dejar sin efecto el acuerdo significaría una reafirmación de los principios del Plan ENIA, con lo que eso implica en relación a la perspectiva de derechos y de género que comporta en tanto política publica. Sin embargo, el convenio sólo quedará sin efecto 30 días después de oficializada la decisión en la carta, algo que debería suceder hoy. Por eso, el 0800 antiderechos nacional, cuya inauguración está programada para el 1 de abril, comenzará efectivamente a echar a andar y funcionará durante algunos días. Por lo mismo, la rescisión tampoco cancelará de manera automática el desembolso de fondos públicos para apoyar a las entidades detrás del convenio: la mitad del 1.300.000 pesos acordados ya fue entregada a la Fundación Vida en Familia, cuyos representantes, la pastora Evelyn Rodríguez y su marido, Alfredo Weber, firmaron el convenio en nombre de la “Red”. La mecánica prevista para estos casos indica que las entidades deberían devolver los fondos no ejecutados.
El “convenio de colaboración” firmado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social a fines del año pasado se focaliza en las adolescentes, a las que las entidades antiderechos beneficiadas planearon captar mediante un “abordaje proactivo a la embarazada en un Centro Sanitario”. A esas chicas, en la etapa de “asesoramiento (toma de decisiones respecto al hijo)” la “Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable” propuso ofrecerles dos alternativas: “criar a su hijo” o “darlo en adopción”.
El ministerio a cargo de Carolina Stanley aceptó eso aún cuando el convenio inscribe la actuación de la “Red” en el marco del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que -como informan online el ministerio de Salud y Desarrollo Social y el de Educación- tiene entre sus objetivos “fortalecer políticas para la prevención del abuso, la violencia sexual y el acceso a la interrupción legal del embarazo según el marco normativo vigente”.
Según lo firmado y que ahora el Estado revocará, el acuerdo tendrá la modalidad de “proyecto social de acción conjunta”, es decir, “bajo la modalidad de gestión asociada, promoviendo una estratégica participativa de gestión con la intervención activa y directa de la Fundación en su implementación bajo el monitoreo de la Secretaría”.
Los ideólogos del convenio “para la implementación de proyectos sociales de acción conjunta entre la Secretaría Naciona de Niñez, Adolescencia y Familia y la Fundación Vida en familia” detallaron el miércoles de la semana pasada en el Congreso, durante la presentación del acuerdo, que las acciones estarían a cargo de “más de 200 instituciones” de todo el país. Lo que no dijeron de manera explícita los organizadores, y tampoco advierte el convenio suscripto, es que esas entidades son de neto corte confesional, como informó este diario.
