"El Gobierno de ceos representa la mayor experiencia represiva en nuestro país después de la dictadura cívico-militar", denunció el abogado de Correpi Ismael Jalil en Plaza de Mayo durante la presentación del Archivo de Casos 2018 de muertes a manos de las fuerzas de seguridad. La organización antirrepresiva detalló que el año pasado se registraron 333 muertes a manos de fuerzas estatales, mientras que en los tres años de gestión de Cambiemos se registró un asesinato a manos de las fuerzas de seguridad cada 21 horas. "En 2018, las muertes fueron impulsadas por el anuncio oficial de la resolución 956 del Ministerio de Seguridad, que permite disparar en cualquier circunstancia", advirtió la abogada María del Carmen Verdú.
La actualización del Archivo de Casos presentada esta tarde, con la presencia de Sergio Maldonado y la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, registra un total de 5462 casos de muertes por gatillo fácil, en situación de encierro, por desaparición forzada o femicidios desde 1983 hasta diciembre del año pasado. De ese total, el 20 por ciento corresponden a la gestión de Mauricio Macri, revela el informe, precisa que se trata de 1303 muertes registradas en 1059 días de gobierno. "Desde el inicio del gobierno de Cambiemos advertimos sobre la represión que vendría para aplicar la reforma a favor del capital", recordó Verdú.
"Lo que vino en materia de ajuste y represión superó ampliamente las expectativas y se montó en un ataque para disciplinar todas las formas de protestas de la mano de una estrategia de control social", explicó Jalil. El protocolo antipiquetes, las detenciones arbitrarias durante las movilizaciones por Santiago Maldonado, la reforma previsional y el Presupuesto 2019, la resolución 956 del Ministerio de Seguridad sobre uso de armas de fuego, el aumento de el uso de policías de civil y el espionaje sobre las organizacione sociales, fueron algunas de las políticas denunciadas por la Correpi y advirtieron sobre el debate de la reforma del Código Penal que "oficiliazará la doctrina Chocobar" y el proyecto de Baja de Imputabilidad.
El Archivo de Casos 2018 también revela que el 46 por ciento de las muertes fueron de personas detenidas en cárceles y comisarías, y que la mayoría de ellas permanecían privadas de su libertad por faltas o contravenciones. La masacre de la Comisaría 3 de la localidad de Trasradio en Esteban Echeverría, donde murieron 10 presos en noviembre pasado fue el más crudo ejemplo de esa política.
Los casos de gatillo fácil son la segunda mayor causa de muerte a manos de la fuerzas estatales con un 38,3 por ciento de los casos y junto a las muertes en cárceles suman el 85 por ciento del total. En ese sentido, Verdú denunció el efecto provocado por la resolución 956 firmada por la ministra, Patricia Bullrich, que habilitó a las fuerzas federales a "disparar ante cualquier circunstancia" y la creación del Programa Restituir, que busca reincorporar agentes investigados por casos de violencia institucional.
"El gatillo fácil no ocurre en Barrio Norte sino en los barrios populares, donde la policía se siente impune por los negocios que tienen", "no es la solución matar a los pibes", "lo que está haciendo Bullrich es enseñarle a la policía a matar, ¿quién sos para matar a los pibes?", fuero las voces que se escucharon de familiares de víctimas de gatillo fácil representados por Correpi durante la presentación del informe.
Los familiares también replicaron el desafío público hecho por la organización a la ministra Bullrich, quien hace un año aseguró que el archivo estaba plagado de información falsa. "La Correpi no miente a Leo me lo mató un policía de Cambiemos", sentenció una madre.
El informe también destaca los 200 casos de desapariciones forzadas desde la vuelta de la democracia, entre las que el 70 por ciento son casos de jóvenes de entre 15 y 35 años. Mientras que cifra en 91 las muertes durante durante protestas sociales, cuatro de ellas durante la etapa de Cambiemos en medio de un creciente discurso oficial de respaldo a las fuerzas de seguridad incluso ante los casos de violencia.
"Se siente que el Poder Judicial es injusto y protege al Estado y no a las familias", dijo desde el escenario el hermano de Santiago Maldonado a las decenas de familiares presentes víctimas del aparato represivo. "Hay organismos que apoyan y colaboran para que se trate de ir contra la Justicia, pero no es suficiente, son ustedes los que tienen que estar al frente", compartió su experiencia Maldonado y reivindicó: "Necesitamos más pibes solidarios como Santiago y Darío Santillán y menos Chocobar y Patricia Bullrich".
