En poco más de tres años desde que asumió, el gobierno de la coalición Cambiemos, encabezado por Mauricio Macri, logró alcanzar un nuevo record negativo: en el país, cada 21 horas, se produce un asesinato a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. En el informe anual de Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), presentado en la Plaza de Mayo, se precisó que en los primeros veinte días de gobierno (en 2015), hubo 50 muertes en todo el país; a lo largo de 2016 se registraron 442 casos; en 2017 fueron 451; el año pasado la cifra total fue de 333, y en el primer mes y medio de este año, ya se produjeron 28 muertes por violencia institucional. De ese modo, el gobierno macrista acumula un total de 1.303 personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 12 de febrero de este año, en hechos que nada tienen que ver con la mentada “inseguridad”, sino con la inseguridad de las propias víctimas, en su mayoría jóvenes de menos de 25 años.

En el informe se aclara que la violencia institucional es una constante que arrastra la democracia, sin dejar afuera a ningún gobierno de los que asumieron desde el 10 de diciembre de 1983, a punto tal que, desde entonces, son 6.564 las víctimas del gatillo fácil o la tortura en sede policial, de las muertes en las cárceles federales o provinciales de todo el país, y en la represión de la protesta social. Correpi deja sentado que en tres años de la gestión de Cambiemos queda reflejado “el imponente salto represivo del gobierno, que ha batido todos los records de sus antecesores”, hasta llegar “a un caso cada 21 horas”.

En el informe se señala que “el perfeccionamiento de las herramientas de búsqueda” permitió agregar este año, a la estadística que comenzó en 1983, casos que no habían sido registrados antes, “uno de 1985, veinte de 1989 y ocho entre 2000 y 2010”. En el total de 6.564 casos de homicidio por violencia institucional, el porcentaje más alto de responsabilidad (49,22 por ciento) les corresponde a las policías provinciales, con 3.231 hechos, y en segundo lugar se encuentran los agentes de los servicios penitenciarios, con 2.334 casos (35,56 por ciento del total). Detrás están la Policía Federal (561 casos), Otras Fuerzas (138 muertes), Gendarmería (96), Seguridad Privada (79), Prefectura (60), Policía de la Ciudad (43) y ex Metropolitana (22 casos). 

Al desgranar los motivos, Correpi hace referencia a los casos “de represión orientada al control social” y precisa que “el 85 del total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal estaban en un calabozo o fueron víctimas de fusilamientos de gatillo fácil cuando caminaban por un barrio”. Un dato trascendente es la persecución a la juventud: el 42,1 por ciento de las víctimas tenía entre 15 y 25 años, mientras que un 2,5 por ciento de los asesinados tenían 14 años o menos. 

En el informe se hace referencia a las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, manipuladas desde el gobierno mediante “la explícita reivindicación de lo actuado por Gendarmería y Prefectura, en el marco de una enorme campaña mediática de legitimación de la represión, con el protagonismo estelar de la prensa hegemónica”.