El fiscal general Jorge Baclini derogó ayer la resolución por la cual ingresaban 195 nuevos empleados al Organismo de Investigaciones. La medida revelada por este diario en su edición del domingo, había causado la reacción del Sindicato de Judiciales, que denunció que no se habían respetado los concursos preexistentes. El reproche , sin embargo, fue creciendo con el correr de los días al tiempo que se conocía que en el listado estaban incluídos familiares directos de funcionarios políticos, judiciales y jefes policiales. Pero la estocada final se la dieron el miércoles los cuatro fiscales regionales que le recordaron a Baclini que nunca los había consultado por los ingresos. Luego de eso le exigieron la derogación. 24 horas después el jefe de los fiscales convocó a la cúpula del gremio de Judiciales y les confirmó la derogación. 

En la nueva resolución que lleva fecha de ayer, el titular del Ministerio Público Fiscal (MPA) expresa que "lo dispuesto por la ley ha presentado ciertas cuestiones críticas que se han puesto de manifiesto en su implementación y ameritan un análisis más específico en el proceso de traspaso". En tal sentido, el documento también afirma que contra la resolución número 23, "el Sindicato de Trabajadores Judiciales interpuso recurso de reconsideración, solicitando que la misma quede sin efecto. Que en el mismo sentido se expidieron cuatro Fiscales Regionales en la Junta de Fiscales" realizada el miércoles último en Rosario.

La nueva resolución también indica que "razones de oportunidad, mérito y conveniencia, y de buena administración y planificación estratégica de la organización, aconsejan dejar sin efecto la resolución número 23".

"En función de ello, y a los fines de dotar al Organismo de Investigaciones de personal con competencias específicas y adecuadas que permitan profesionalizar y hacer realidad las labores del organismo (aspectos centrales para garantizar su funcionamiento), surge necesario elaborar un proyecto de ley que regule el proceso de incorporación de los recursos mencionados", agrega.

"Luego de analizar la situación actual y el estado en que se encontraban las partes respecto del conflicto, el fiscal general entendió y nos informó que era saludable revocar la resolución", reveló a Rosario/12, Jorge Perlo, secretario del gremio judicial.

 

El miércoles, los fiscales regionales Carlos Arietti (Santa Fe), Patricio Serjal (Rosario), Rubén Martínez (Reconquista) y Diego Vigo (Rafaela) le habían pedido a Baclini que derogue la polémica resolución, tal como le habían exigido el último lunes desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe.

El fiscal general, ante la reacción de los trabajadores y funcionarios de la Justicia, primero suspendió "provisoriamente" los nombramientos. Pero un día después de la reunión que mantuvo con los fiscales regionales, finalmente terminó por derogar la resolución.

Aquella decisión del MPA de dejar la normativa en suspenso, no bastó para frenar las críticas opositoras. María Eugenia Bielsa sostuvo que la medida inicial era un "escándalo".