Medios y comunicación
Estigma y medios de comunicación
Juan Pablo Gallardo considera que la estigmatización presente en el sentido común es adversaria de toda perspectiva basada en derechos humanos y que la comunicación es necesaria para garantizar estos últimos.

La realidad mediática de nuestro país se encuentra atravesada por posicionamientos muy cerrados donde prevalecen actitudes de desprecio por el otro, por lo popular, por lo nacional. Y resulta muy evidente que las formas y los modos en que se elaboran y se estructuran los mensajes —sean orales, escritos, fotográficos, audiovisuales y/o digitales—, pueden incidir en la profundización de una situación de exclusión o ayudar a revertir dicho proceso. 

La estigmatización, suele ser una particularidad que está muy presente en el sentido común vigente y es adversaria de toda perspectiva basada en los derechos humanos y la inclusión social. Las personas, objeto de tales interpretaciones, suelen sufrir tal condición y se ven más alejadas que el resto en la resolución de sus conflictos, en el acceso a bienes materiales, simbólicos o simplemente al ejercicio de los derechos que les corresponden por ley.

Para Martín Agrest, el estigma es una dinámica social basada en cuatro principios: “el prejuicio (dar por supuesto que algo o alguien es de cierta manera sin conocerlo realmente), el etiquetamiento (reducir una persona o situación a elementos básicos y simplificadores que pretenden explicar una complejidad mayor), la aplicación de estereotipos (suponer que todas las personas que comparten un rasgo son iguales y que quienes tienen ciertas características necesariamente tendrán ciertas otras) y, finalmente, la discriminación (alejarse o evitar la interacción con esas personas)” (<http://www.proyectosuma.org.ar/2014/estigma-y-enfermedad-mental/>).

Asimismo, la generación, circulación y amplificación de este tipo de mensajes discriminatorios no sólo afectan aspectos emocionales o de integración socio-cultural, sino que contribuyen a la conformación de una cosmovisión general que suele trasladarse a las prácticas profesionales y al diseño e implementación de la política pública. Por consecuencia, es muy común que determinadas instancias estatales asuman metodologías excluyentes y represivas para la asistencia o atención de personas situadas en las circunstancias aquí mencionadas. 

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (N°26.522) garantiza el derecho de las audiencias frente a las cuestiones anteriormente planteadas y considera, además, que los medios son de interés público y que tanto la información como la comunicación son derechos inalienables. Está claro que la manipulación, la distorsión o el mal uso de estos principios contraría la normativa. Pero no sólo a ésta. Dentro de la problemática que aquí tratamos entran en conflicto otros constructos legales tales como: la Ley Nacional de Penalización de Actos Discriminatorios N°23.592 (1988) y la propia Constitución Nacional (1994) - Art. 75 Inc. 22 - Tratados internacionales de Derechos Humanos; entre otras.

En tal sentido y como aspecto significativo se encuentra por un lado, la labor política (o judicial) de seguir manifestando con vehemencia el rechazo de tales conductas, y por otro, el trabajo de ir desarmando prejuicios, fomentar la perspectiva de derechos humanos en los discursos sociales y asumir un rol pedagógico frente a los actos discriminatorios y/o estigmatizantes. La comunicación responsable, como línea de abordaje, constituye una importante y necesaria herramienta para trabajar en pos de estos últimos objetivos.

* Licenciado en Comunicación Social - UBA / Presidente del Centro de Estudios para la Inclusión Social (CEIS).

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