La economía del conocimiento

Entró al Congreso un proyecto de Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento (1405-D-2019) firmado por los diputados Luciano Laspina (PRO), Juan Brugge (UPC) y Marco Lavagna (FR)), cuyo texto es casi idéntico al borrador que el Ministerio de Producción y Trabajo circuló hace tres semanas bajo el lema del fomento de la innovación y la creatividad vernáculas. 

Recordemos: desde 2004 la Ley de Software viene aplicando al sector de la programación informática y afines una política de Estado que apalancó su crecimiento continuo. Ahora prevén ampliar hasta diciembre de 2029 el esquema vigente, manteniendo sus principales ventajas: crédito fiscal hasta el 70 % de las contribuciones patronales para cancelar impuestos, y desgravación sobre Ganancias más otros impuestos provinciales o de CABA. Y con olfato político-electoral, el Gobierno busca ampliar este régimen a otras áreas como la industria 4.0 (Internet de las cosas, inteligencia artificial), nanotecnología y nanociencia, industria aeroespacial y satelital, y la producción y postproducción audiovisual.

El proyecto opera como un modo de tranquilizar a los empresarios y emprendedores, brindándoles estabilidad fiscal y ciertos beneficios, en una economía afectada por la caída del mercado interno, altas tasas de interés y una devaluación imprevisible. El paquete entraría en vigencia en enero de 2020, con un nuevo gobierno en la Argentina. Ni los firmantes del proyecto ni el Ejecutivo se preocuparon por informar en los escuetos fundamentos, el impacto fiscal discriminado por sector, o diferenciando a los grandes consorcios como Mercado Libre, Globant o la Disney, de pequeños y nuevos emprendedores.

La maniobra sigue disciplinando a las industrias culturales –aún con mejoras impositivas–, colocándolas bajo una mirada genérica de las carteras de Producción y de Hacienda. Ni Domingo Cavallo lo había logrado de tal forma. Porque este Gobierno redujo la distribución de los fondos específicos para financiar la producción del cine, la televisión, los medios públicos, el teatro y la música. Tampoco gira los recursos presupuestarios que corresponden por ley para las industrias tecnológicas, del software ni al sostenimiento de la investigación científica.

Habilitan la ventanilla de reducciones tributarias, sin atender a las especificidades de las industrias culturales. El proyecto (art. 4°) debería aclarar cómo cumplirían las productoras audiovisuales la cláusula de hacer “Investigación y Desarrollo” ¿Eso es compatible con la factura de guiones o proyectos originales? ¿Deberían ser en parte producciones independientes y de origen federal, cumpliendo con las leyes vigentes? O estas ya no cuentan... 

Otra cuestión muy presente en la agenda de la producción pero no del Gobierno es el gravamen a las exportaciones de servicios –$ 4 por cada dólar desde 2018–, quizás menos doloroso para las empresas de software, pero grave para las televisoras y cineastas cuyas cuentas están bajo la línea de flotación, por falta de crédito y el recorte de los históricos fondos públicos.

El tributo sobre las exportaciones de servicios al momento de su facturación incentiva indirectamente casos de triangulación vía cuentas en el exterior que permitan comercializar fuera del país: esto pondría en una zona gris a la contabilidad del sector, como sucede con la publicidad en redes digitales. Pero eso ya es otra cuestión, se dice.

* Docente e investigador. Observatorio Dercom UBA. @diegodrossi

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