"Creemos que será condenado porque hemos logrado probar su rol en el homicidio de José Díaz y mucho más que eso, quedó probado lo que pasó con Iván Ruiz, Carlos Samojedny y mi viejo el 24 de enero, después de la rendición", dijo a Página/12 la hija del dirigente del MTP Francisco Provenzano, desaparecido durante la recuperación del cuartel de La Tablada en enero de 1989, sobre la inminente sentencia del Tribunal Oral Federal 4 de San Martín en el primer juicio por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército en aquel operativo.

A partir de las 9 de la mañana del viernes 12 de abril el único imputado, el general retirado Alfredo Arrillaga, tendrá la oportunidad de hablar ante los jueces y el público, tras lo cual se dará a conocer el veredicto, que los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos exigen sea condenatorio, con cárcel efectiva y común. También exigen que haya una reparación de la "verdad histórica", en la que el Estado reconozca que se trató de un crimen de Estado, e impulse nuevas causas por el resto de las víctimas y contra militares y civiles que formaron parte del proceso de encubrimiento que duró tres décadas.

"A diferencia de lo que planteó la fiscalía, dijimos que Arrillaga fue coautor del asesinato de José porque aparecieron sobradas pruebas de que él supo lo que pasó con Iván y con José cuando los detuvieron el 23; mucho de lo que les sucedió a ellos ocurrió bajo sus órdenes y en su puesto de comando", explicó Irene Provenzano. "Las expectativas en términos de la condena son muy buenas, y también respecto del recorrido del juicio porque aparecieron muchos futuros imputados, elementos para profundizar la investigación sobre los otros casos; el salto cualitativo que estamos esperando no sólo es que lo encuentren culpable del asesinato de José sino que también le revoquen la prisión domiciliaria" de la que goza Arrillaga, que tiene cinco condenas a prisión perpetua por otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. "Es un privilegio otorgado a los militares, no tiene que ver con su estado de salud, tampoco con el carácter de los delitos que cometieron, que son de los más graves que existen", añadió.

El otro objetivo de la querella es que el tribunal, integrado por los jueces Matías Mancini, Alejandro de Korvez y Esteban Rodríguez Eggers, considere que hay pruebas suficientes para avanzar en las causas por las otras desapariciones y que se abra una nueva causa para evaluar la actuación del ex juez Gerardo Larrambebere, y el secretario Alberto Nisman. En el juicio varios testigos afirmaron que fueron obligados a mentir en sus declaraciones.

Provenzano estimó que es improbable que en su última intervención Arrillaga haga algún aporte para conocer la verdad sobre los cuerpos de los militantes del MTP desaparecidos. "En su extensa ampliación de su declaración indagatoria, antes del alegato de la querella, negó cualquier información sobre Iván y José, que negoció la rendición con mi viejo, que hubo 16 detenidos y no 14, y mantuvo su reivindicación de la recuperación del cuartel, negando lo que para él fueron cosas raras, los fusilamientos y las desapariciones", indicó.

En su alegato, el abogado querellante Pablo Llonto había dicho que en los archivos de la SIDE desclasificados figura que Provenzano y Díaz fueron "personas abatidas" durante la recuperación del cuartel. "El Estado argentino lo tenía clarísimo, Díaz tuvo pedido de captura hasta el año '97, seguimos teniendo que justificar que hubo un homicidio ahí, y en el caso de mi viejo y Samojedny directamente niegan su existencia, afirmando que solo se entregaron 14 personas", destacó Irene.

"Por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo", concluyó su alegato la querellante Liliana Mazea, citando a Pablo Neruda. Eduardo Lombardi, también del equipo que representó a los familiares, expresó: "No dejaremos nunca de militar por la humanidad y por el respeto a los derechos humanos, por todos aquellos injustamente humillados".