Cambiemos dio un paso más para habilitar el aporte de compañías privadas a las campañas electorales, como anhela el Gobierno para las presidenciales de este año. El oficialismo –con el apoyo esencial del peronismo federal– se alzó con el dictamen de mayoría en un plenario de comisiones y buscará llevar la semana próxima al recinto de la Cámara de Diputados la reforma a la ley de financiamiento de los partidos políticos, que ya tiene media sanción del Senado. En un debate corto y caliente, el Frente para la Victoria (FpV-PJ) presentó su propio dictamen de rechazo a la reforma. “Parece que los aportes de privados en campañas son las únicas inversiones que lograron traer en estos años”, soltó la rionegrina María Emilia Soria (FpV-PJ), que cuestionó que Cambiemos avanzara con la reforma en pleno año electoral y tras es el “escándalo de los aportantes truchos” del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. “Es el modelo norteamericano del lobby empresario que después pide a cambio los favores de quienes gobiernan”, agregó Nicolás del Caño (FIT). Los lilitos de la CC firmaron el dictamen del oficialismo “en disidencia total”    –rechazan el aporte empresario–, pero no fijaron la postura que tomarán en el recinto a la hora de votar. El massismo evitó participar del debate pero también acompañó el proyecto oficialista con disidencias “parciales”.

Después de varios intentos frustrados en la Cámara de Diputados, la Casa Rosada viró y acordó con el peronismo federal avanzar con el proyecto en el Senado. Aunque no prosperó el intento de sancionar la reforma al financiamiento de los partidos en las sesiones extraordinarias del verano, lograron la media sanción la semana pasada. Con los votos “garantizados”,  Cambiemos esperaba transitar el plenario de la Cámara baja sin sobresaltos.

El macrista Pablo Tonelli abrió el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, explayándose sobre las “bondades” del proyecto. “Fomenta un notable y bienvenido incremento en la transparencia”, afirmó el diputado, al permitir la “bancarización total de los aportes, la manifestación de la voluntad de aportar y establecer el límite preciso”, sostuvo.

“Es una ley que surge de un consenso muy amplio, que fue trabajada muy a conciencia”, agregó la oficialista Silvia Lospennato. “Seguramente haya algunas diferencias, pero en el 90 por ciento tiene una mirada técnica, que se ha privilegiado”, sostuvo para marcar luego que espera que el proceso electoral de este año se realice con una “ley más clara y transparente”.

Desde la oposición, María Emilia Soria se encargó de marcar las diferencias. La rionegrina recordó que el oficialismo envió a la Cámara baja el proyecto en junio pasado, tras el escándalo de los “aportantes truchos” en la campaña bonaerense de Cambiemos en 2017 y que “luego de fracasar en diputados, encontró una ventana en la Cámara alta”, donde “en un año electoral, se fue cocinando un poco a los cachetazos”.

Luego planteó que Cambiemos es la fuerza que tiene “mayores vínculos y transacciones con los grupos económicos y hombres del poder”, y que los datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE) “hablan por sí solos”.  Describió que, en 2017, la alianza gobernante “recibió en aportes privados 41 millones de pesos, 700 por ciento más que Unidad Ciudadana y más del mil por ciento más que la tercera fuerza”. Los gestos y los comentarios del macrista Fernando Iglesias desataron una dura discusión con el kirchnerista Carlos Castagneto.

“Se reducen a la mitad los espacios gratuitos en radio y TV, lo que solo beneficia al partido gobernante y a los trolls de (el jefe de Gabinete, Marcos) Peña. De los 41 millones que recibieron de las empresas, según la CNE, 24 millones fueron destinados a Internet, sin que el proyecto establezca controles”, sentenció Soria.

“Están legislando el lobby empresario en las campañas mientras se hunde el país y la mayoría del pueblo y ‘se van a la mierda’, como dicen los trabajadores, los precios esenciales”, soltó Del Caño. El diputado del FIT cuestionó duramente la reducción a la mitad de la publicidad en radios y TV que “daba “cierto equilibrio” a las campañas y deja afuera a los partidos que, como el caso del FIT, “no reciben aportes empresarios”. Luego recordó también los “aportes truchos” de Cambiemos en Buenos Aires y citó el libro La raíz, del periodista Hugo Alconada Mon, en que se afirma que “Macri hacía reuniones de empresarios grosos, de no más de 25 personas, y les pedía el 1 por ciento de su patrimonio para la campaña de 2015, con la garantía de que el 99 por ciento restante valdría mucho más con él como presidente”.

El diputado Iglesias volvió a la carga argumentando que “la regla kirchnerista” de no permitir el aporte de empresas por ley “terminó en la causa de los cuadernos. Y no lo digo yo, lo dice (Miguel) Pichetto que fue el presidente del bloque (de senadores) del kirchnerismo”. Y logró desatar otro revuelo, antes de lanzar su última chicana sobre “los aportes de los traficantes de la efedrina a la campaña de Cristina Kirchner”.

“Estamos discutiendo esto en medio de un golpe de mercado que realizan las empresas que ustedes llevaron al Gabinete y que ahora quieren imponer un nuevo candidato a presidente del oficialismo”, les espetó Gabriela Cerruti (FpV) a los legisladores oficialistas, antes de expresar que no acompañarán el aporte empresario que condicione a los gobiernos. El FpV-PJ presentó su propio dictamen de minoría por el rechazo.