Para el gobierno de Cambiemos todo se mide en dinero. Por caso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pretende ahora cobrarles el costo del desplazamiento de los efectivos de las fuerzas de seguridad que dependen de su cartera para "custodiar" la multitudinaria movilización que realizaron los gremios del Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN), las CTA y los movimientos sociales. Bullrich realizó una presentación judicial donde reclama que estos sindicatos paguen 23 millones de pesos que, según ella, costó el operativo. 

No está claro si la ministra además querrá cobrar por los detenidos que hubo durante los incidentes que se produjeron en la intersección de las avenidas de Mayo y 9 de Julio. Algo que ocurrió en una zona alejada del acto que se hizo en plaza de mayo. Los organizadores de la movilización alguna información tenían porque antes que comenzaran los discursos, desde el palco pidieron precaución ante la existencia de "infiltrados que  están provocando desmanes". Sin duda que se trataba de lo que estaba ocurriendo a varias cuadras de allí pero que en las inmediaciones del escenario nadie se había enterado.

Para los organizadores quedó claro que ellos nada tenían que ver con esos incidentes y mucho menos con la represión que sobrevino y que, según información de Gobierno, habría detenido a unas 39 personas.  

Varios de los dirigentes que integraron la organización del acto habían anticipado la posibilidad de que se produjeran incidentes provocados por lo que se denominan como "infiltrados". De hecho, durante el fin de semana se acordó tener un estricto control de las columnas para evitar que aparezcan los que provocan destrozos. Es por eso que en la zona donde se realizó el acto, tanto en Avenida de Mayo como en las dos diagonales que desembocan en Plaza de Mayo, no se produjo ningún tipo de incidentes. 

En los días previos al paro el titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, sorprendió cuando le solicitó al Gobierno nacional que le garanticen la circulación de los colectivos porque él había decidido no adherirse al paro. Un pedido que le dio pie a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para lanzar sus diatribas contra el sindicalismo y la amenaza de reprimir cualquier tipo de corte de calles o autopistas. 

Ahora, Bullrich quiere que la movilización de integrantes de la Policía Federal, Gendarmería e incluso de la Policía Metropolitana, que depende del gobierno de la Ciudad, sea pagada por los gremios que hicieron el paro. En ese sentido realizó una presentación ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2.

"Que los organizadores paguen los gastos extraordinarios -unos 23 millones de pesos- que generó el inmenso operativo de seguridad que se debió coordinar entre las fuerzas federales -Policía Federal, Gendarmería Nacional, Policía Aeroportuaria y Prefectura Naval- y la Policía de la Ciudad". 

Todo indica que de cobrar ese dinero no quedarán en las arcas del Estado nacional porque Bullrich detalló que eso tuvo un costo de 18 millones de pesos y el resto (cinco millones) le corresponde cobrar el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.