ONG y académicos contra la ley de financiamiento de los partidos
“Un retroceso para la democracia”
ACIJ, Cipce y los intelectuales Castellani, Leiras y Casullo, entre otros, pidieron que la Cámara baja no apruebe la iniciativa.

El proyecto de ley de financiamiento empresario de los partidos políticos que Diputados podría convertir en ley esta semana “desiguala la competencia electoral, favorece la captura del Estado por parte de grupos económicos y estimula la corrupción”. La advertencia la realizaron un grupo de ONGs como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigaciones y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y de académicos como Ana Castellani, Marcelo Leiras o María Esperanza Casullo, quienes enfatizaron que “los costos de la política deben ser sostenidos por toda la sociedad” y deben “garantizar la pluralidad de voces”, y reclamaron a la Cámara baja “revisar la media sanción del Senado y abrir un proceso de debate profundo”.

El Senado aprobó el 16 de abril una iniciativa acordada entre Cambiemos y el peronismo federal que habilita el aporte de las empresas a las campañas electorales. Sólo Fernando “Pino” Solanas y Magdalena Odarda votaron en contra, en tanto el kirchnerismo no participó del debate ni de la votación.

“Legalizar el financiamiento empresario de las campañas electorales significa un retroceso para la democracia”, se titula el comunicado de los especialistas. La reforma en curso “favorece a las elites económicas” y “genera incentivos para que los representantes políticos busquen beneficiar a las empresas” que los financian “por encima del bienestar general”, advierten. Recuerdan que “a pesar de la prohibición actual, las empresas financian de manera ilegal a los partidos a través de maniobras como el ocultamiento de aportes, el apoyo a actividades permanentes de partidos que en realidad son utilizadas con fines electorales o la utilización de aportantes fachada”, como ocurrió en las campañas de Cambiemos de 2015 y 2017 que en teoría investiga el juez federal Ariel Lijo. Lo atípico “es que las violaciones a la ley resulten en sanciones adecuadas que efectivamente desincentiven las prácticas delictivas”, lamentan.

Cambiar la ley a las apuradas “pone en riesgo la previsibilidad de las reglas de juego y la igualdad en la competencia electoral”, alertan. Reclaman a los diputados “asumir que los costos de la política deben ser sostenidos por toda la sociedad o enfrentar el riesgo de que las decisiones públicas respondan a los intereses de quienes puedan comprarlas”, y contemplar en una eventual reforma “una distribución de recursos públicos suficiente para garantizar la pluralidad de voces, sobre todo en lo relativo a los espacios necesarios para la difusión de propuestas e ideas”.

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