Financiamiento
Los puntos de la ley
  • Empresas: Incorpora el aporte económico de las personas jurídicas (empresas) a las campañas electorales hasta ahora prohibida.
  • Límites: El aporte de las empresas –igual que para las “personas física”–, no podrá ser superior al 2 por ciento de los gastos permitidos para la campaña. 
  • Campaña: Se estiran todos los plazos para la actividad proselitista. La campaña electoral comenzará 50 días antes de los comicios (hasta hora era de 35 días antes), mientras que la publicidad privada electoral en medios de comunicación arrancará 35 días antes de la fecha de la elección.  
  • Publicidad: Reduce a la mitad la publicidad audiovisual gratuita y proporcional (de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos en la anterior elección) a los partidos con el argumento de evitar la “saturación” del electorado. 
  • Digital: Del total de los recursos destinados a la publicidad digital, al menos un 35 por ciento deberá destinarse a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción nacional, y otro 25 por ciento a sitios con las mismas características a nivel provincial. En cambio, las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) quedarán casi fuera de control por su característica internacional. 
  • Encuestas: Habrá un Registro de Empresas de Sondeos de Opinión, donde deberán informar los trabajos que realizaron, quiénes las contrataron y cuánto facturaron. Quienes no se inscriban no podrán difundir sus sondeos.

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