El reclamo de la mamá de Iván Torres ante la Corte Interamericana
“No sé lo que le pasó, pero lo espero con vida”
Iván Torres fue desaparecido por la policía de Chubut en 2003. Su madre, María Millacura Llaipen, reclamó ante la Corte IDH que el Estado esclarezca el caso y que apoye a la familia.
“Llevan dieciséis años mintiendo”, dijo Millacura Llaipen sobre las explicaciones de los funcionarios.“Llevan dieciséis años mintiendo”, dijo Millacura Llaipen sobre las explicaciones de los funcionarios.“Llevan dieciséis años mintiendo”, dijo Millacura Llaipen sobre las explicaciones de los funcionarios.“Llevan dieciséis años mintiendo”, dijo Millacura Llaipen sobre las explicaciones de los funcionarios.“Llevan dieciséis años mintiendo”, dijo Millacura Llaipen sobre las explicaciones de los funcionarios.
“Llevan dieciséis años mintiendo”, dijo Millacura Llaipen sobre las explicaciones de los funcionarios. 

 “Si yo supiera lo que le pasó a Iván, lo diría. No sé lo que le pasó, pero lo espero con vida y seguiré reclamando.” María Millacura Llaipen camina los pasillos del segundo piso del Sheraton Hotel de Retiro como quien culminó la tarea para la que llegó y no tiene nada más que hacer allí. Eso mismo les dijo a los jueces que integran la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, durante su sesión número 61, realizada en la Ciudad de Buenos Aires, evaluó el cumplimiento de la sentencia que emitió, en 2011, contra el Estado argentino por la desaparición forzada de Iván Torres, el hijo de María. Escuchó a los representantes del Estado –integrantes del Ministerio de Seguridad y de la Secretaría de Derechos Humanos– decir cómo estaban buscando a Iván –poca cosa–, quiénes habían sido investigados y quiénes condenados por su desaparición –dos policías de catorce enjuiciados en 2016–, evaluó sus argumentos como “más de lo mismo, llevan dieciséis años mintiendo” y se encolumnó detrás del pedido que realizó su abogada, Alejandra Gonza, a los jueces de la Corte regional: la intervención en el caso del Equipo Argentino de Antropología Forense y expertos independientes para que determinen las líneas razonables de investigación así como políticas de acompañamiento a María y el resto de la familia. Mientras espera una nueva sentencia del organismo, María no baja los brazos: “Después de dieciséis años, para Dios no hay nada imposible. Voy a confiar una vez más”, concluyó. 

Dieciséis años, recordó la mujer, desde que viajó con su hija Valeria y sus dos nietas a Buenos Aires desde Comodoro Rivadavia, donde sigue viviendo, en la misma casa, en el mismo barrio de siempre donde también vivía su hijo Iván, donde lo vio por última vez. Dieciséis años desde aquel 2 de octubre de 2003. Según declararon testigos en la primera causa judicial que se abrió sobre su desaparición, personal de la Seccional Primera de Comodoro lo llevó a esa dependencia y allí lo golpeó. El expediente naufragó producto de los más diversos encubrimientos de altas esferas de la policía, de la Justicia y de la política local. Sin bajar los brazos, María acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, años después, lo remitió a la Corte Interamericana. En 2011, ese tribunal condenó al Estado argentino por la desaparición forzada del joven y lo conminó a tomar medidas que apuntaran a buscarlo, por un lado, y a investigar y sancionar a los responsables de lo que le hubiera ocurrido, por el otro. El cumplimiento de esa condena es lo que analizó la Corte IDH durante la audiencia que tuvo lugar el jueves pasado en el marco de la nueva sesión del organismo. ¿Qué hizo y qué está haciendo el Estado para dar con el paradero de Iván, qué para determinar lo que le ocurrió?

“Es una sentencia que para nosotros está incumplida porque no existen medidas eficaces para buscar a Iván ni para investigar qué le pasó ni sancionar a sus responsables”, puntualizó la abogada de María ante la Corte IDH, Alejandra Gainza. No solo lisa y llanamente porque el Estado no lo encontró ni tiene una explicación acerca de los hechos. Sino también porque “las medidas que evidenció no están centradas en la perspectiva de la víctima de la desaparición forzada ni en la perspectiva de los derechos de las personas buscadoras”, en este caso la familia de Iván. 

La abogada expuso ejemplos: “Que haya un proceso penal por desaparición forzada, pero que no se haya determinado absolutamente nada de lo que pasó con Iván, no sirve. No cumple con la sentencia porque no se determina la responsabilidad de todos los autores materiales e intelectuales de la desaparición de Iván”.  

En 2016 culminó el hasta ahora único juicio que se desarrolló por el caso. Para entonces, por lo menos seis testigos fundamentales en la causa fallecieron de manera “dudosa”. De los catorce policías de Chubut que fueron acusados en el debate, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó solo a dos, Fabián Tellería y Marcelo Chemin. La sentencia, parcial y que luego fue apelada por la querella de Torres, llegó trece años después de los hechos y, desde ya, no conformó a María. “Fue un juicio mentiroso y todo juicio mentiroso es impune. Una vez que a aparezca Iván, que me lo traigan, recién ahí va a haber un juicio a los verdaderos responsables. Falta Leonardo Busto, jefe de la Brigada de investigaciones en su momento, falta el jefe de la Unidad Regional (Andrés) Ferrada, falta el ex juez (de instrucción Oscar) Herrera... Si el Estado argentino se pone de verdad a investigar no hay dudas de que ellos deberían estar en el banquillo de los acusados”, puntualizó la mamá del joven desaparecido.

Gonza también fundamentó la disconformidad con el después de aquel fallo. “En la sentencia hay fotos de Iván torturado, encarcelado, que no tuvieron un peritaje serio, no hay perfiles genéticos, no hay uso de las pruebas de ADN”, mencionó, pero sobre todo, remarcó que el fallo “comprueba un contexto de violencias policiales sobre chicos pobres de Comodoro y nada sentencia sobre eso. También dice que había una negligencia grave de las investigaciones policiales y de otros funcionarios, pero no avanza”. 

La abogada, que comparte la representación legal de la familia de Torres junto a Marcos Filardi, va más allá y plantea que una verdadera respuesta del Estado debería apuntar “al fenómeno de la desaparición forzada en democracia en el país”. “Ese es el tema aquí: cuántos desaparecidos en democracia tenemos, un mapeo. La respuesta al caso de Iván debe ser una respuesta a todos los casos. ¿Cuáles son las fuerzas implicadas? Siempre van a ser las policías y, si no se combate este comportamiento, las fuerzas siempre van a quedar impunes”, concluye.   

Durante la audiencia, los representantes de segunda y tercera línea del Ministerio de Seguridad y de la Secretaría de Derechos Humanos que participaron dieron respuestas vagas. Plantearon que estaban poniendo en marcha nuevos mecanismos de búsquedas de personas y mencionaron el juicio que tuvo condena en 2016. No contentaron a la familia de la víctima ni a sus representantes jurídicos. Después de aquel juicio, cuya sentencia fue en parte revertida la Cámara de Casación que ordenó un nuevo debate en contra de algunos policías absueltos, hubo otras investigaciones que apuntaron sin avance a elucubrar el encubrimiento judicial y policial y se abrió un expediente en busca del paradero de Iván. En ninguno tiene intervención la familia de la víctima. No puede controlar nada de lo que allí sucede.

“Ya basta le dijimos a la Corte”, reconstruyó Gonza, quien solicitó al organismo que emita una sentencia en la que ordene al Estado “una búsqueda independiente de estos procesos penales, dirigida por expertos independientes que indiquen que tales son las líneas razonables de investigación, estas son las líneas que debe seguir el Estado para avanzar en una búsqueda seria de Iván”. Propuso la participación del EAAF y “sacar a Gendarmería y a las policías de estas búsquedas porque estamos muy mal y no se llega a ningún lado. Pasó mucho tiempo”.

Además, apuntaron a la concreción de “medidas ejecutivas” de atención a la familia de Iván. “Queremos que de aquí la familia salga fortalecida, pedimos un acompañamiento económico, médico psicológico acorde a los estándares internacionales. La familia en la causa local no tiene abogados”, agregó. Durante la audiencia trabajó en un perfil de la familia de Iván realizado por el Colectivo de Derechos Humanos Yopoi. Si bien se aguarda la resolución del tribunal interamericano, para Gonza y su equipo la audiencia de por sí “abre un espacio al diálogo” con el Estado. De hecho, el mismo día de la sesión, Gonza y María tuvieron un encuentro con representantes del Sistema Federal de Búsqueda de Personas y de la Defensoría General de la Nación; también las recibieron el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, de quien esperan “un avance en materia de reparación a la familia”, y funcionarios el Ministerio de Seguridad, a quienes les reclamaron que “realicen un plan integral de búsqueda” de Iván. “Son primeros pasos”, apuntó la abogada. “La Corte llamó al diálogo y esperamos que emita una resolución de cumplimiento.”

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