Manipulación estratégica
Imagen: DyN

El FMI nunca fue un gran acreedor de la deuda externa argentina, su poder para condicionar el rumbo económico pesó siempre mucho más que su aporte efectivo. Pero esto ha cambiado. En menos de un año de vigencia del stand by, el Estado ya le debe al organismo más de 38 mil millones de dólares, y hasta las elecciones de octubre esta deuda bordeará los 50 mil millones. Una enormidad comparada, por ejemplo, con las exportaciones argentinas, de poco más de 60 mil millones de dólares anuales.

El FMI habrá entregado el 87 por ciento del monto del stand by al gobierno de Cambiemos en solo quince meses desde la aprobación del acuerdo, en junio de 2018. Quedará un puchito de 6.800 millones de dólares para el gobierno siguiente, que el organismo desembolsará o no según las simpatías que la nueva administración despierte en “los mercados”, las instrucciones de Washington, y las revisiones del equipo técnico.

Diversas razones explican esta holgura del bolsillo fondomonetarista. Una, que ahora el FMI tiene mucha plata para prestar y debe colocarla para generarse ingresos; otra, la disputa hegemónica con China, que explica el gran apoyo estadounidense a través del FMI, al gobierno argentino más alineado con sus políticas; también el deseo de mantener a la Argentina, un pescado gordo, en la timba financiera global, y desplumarla de sus activos públicos y sus mejores empresas privadas. Y una cuarta razón es la manipulación estratégica de la deuda para condicionar al gobierno siguiente.

La deuda es una variable que el partido gobernante puede usar estratégicamente para influir y limitar las acciones de su sucesor.  El gran monto del stand by del FMI en el caso argentino cumpliría esta función, además de proveer las divisas para estabilizar al dólar hasta las elecciones, lo que hasta el momento no se ha logrado.

Este monto tan alto, a reembolsar entre septiembre de 2021 y abril de 2024, empeora las consecuencias usuales negativas más evidentes de los programas del FMI, de recesión, quiebras, desempleo, pobreza y deterioro de los indicadores sociales. Porque de no mediar una estrategia de salida negociada, Argentina quedaría nuevamente atrapada en la pesadilla de la aplicación reiterada de programas del FMI, que el propio organismo considera adversa para los países miembros.

Cuando un país permanece varios años bajo programas del FMI, como ha sufrido la Argentina, todas las políticas económicas giran en torno a las negociaciones con el organismo, su marco de referencia son las instrucciones que llevan y traen las misiones, con poco margen para discutir políticas y medidas diferentes a las propuestas por el equipo técnico. Estas, a su vez muchas veces reflejan los intereses de grupos influyentes, como bancos, conglomerados transnacionales, que aprovechan en su beneficio la injerencia del gobierno estadounidense y otros en el FMI, como mostraron Stiglitz y otros autores. La permanencia bajo estos programas obliga a consultar al FMI sobre cada iniciativa; y limita las capacidades técnicas de las burocracias encargadas de su aplicación a un rango acotado de metodologías, en definitiva los funcionarios  “no saben hacer otra cosa que programas de ajuste”. Por otra parte, como las negociaciones con el FMI involucran a las autoridades económicas y monetarias, éstas cobran excesiva injerencia en los asuntos públicos y sociales, en desmedro de las otras agencias gubernamentales que también son afectadas por los programas, como las de educación, salud, ciencia, tecnología; y también erosiona el rol del poder legislativo, cuya ratificación no es necesaria para los programas con el FMI, aunque muchas veces ellos comprometen medidas que dependen de la aprobación parlamentaria, como, hoy en Argentina, la reforma laboral y previsional o la del BCRA.

En suma, el programa del FMI aumentó la deuda externa en un monto enorme, que condiciona al próximo gobierno y amenaza el desarrollo y la prosperidad del país por muchos años. Es necesario pensar en una estrategia de salida para recuperar la libertad de darnos una política económica en favor de nuestros propios intereses y conformar una sociedad incluyente y justa.

* Docente e investigadora UBA-UTN.

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