Organismos de derechos humanos rechazan la candidatura de Pedro Federico Hooft para hacerse cargo del Juzgado Federal 1 de Mar del Plata, que será tratada en el Senado este miércoles. Al igual que lo hicieron cuando el Consejo de la Magistratura lo incorporó a la terna elevada al Ejecutivo para cubrir la vacante en la Justicia Federal marplatense, Abuelas de Plaza de Mayo e Hijos, entre otros organismos vinculados al proceso de Memoria, Verdad y Justicia, recordaron que la designación de Hooft “pondría en riesgo las causas por delitos de lesa humanidad” en esa jurisdicción.

“Pedimos al Senado que no convalide con su acuerdo a un funcionario que no fue consecuente con la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes del terrorismo de Estado”, concluye la impugnación formal que presentó Estela de Carlotto, en nombre de Abuelas de Plaza de Mayo, ante la Comisión de Acuerdos del Senado. Hooft fue seleccionado por el Poder Ejecutivo de una terna de candidatos que el Consejo de la Magistratura recomendó en octubre pasado.

Para Abuelas, su designación “será un claro retroceso en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”. La Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la representación porteña de Hijos también impugnaron a Hooft hijo como posible juez federal.

El rechazo no se basa en su vínculo filial con Pedro Hooft, el juez denunciado por ser partícipe y cómplice de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, sino en que ha ejercido una “defensa temeraria y activa en pos de la impunidad de graves crímenes realizados durante el terrorismo de Estado y la persecución contra quienes los investigan”, apuntaron en la impugnación de Abuelas.

Pedro Hooft padre estuvo a punto de ser indagado por su presunta participación en el secuestro, las torturas y la desaparición de abogados marplatenses en lo que se conoció como La Noche de las Corbatas, entre otros crímenes, pero su hijo evitó que eso ocurriera. ¿Cómo? Grabó clandestinamente al fiscal que investigaba a su padre y lo acusó junto al juez del caso y a funcionarios de la Procuración de armar una causa en su contra. “No impugnamos apellido sino conductas”, remarcó José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. 

“Un magistrado con estos antecedentes representa para las víctimas de delitos de lesa humanidad una vulneración de la garantía de imparcialidad y resulta susceptible de generar responsabilidad internacional para el Estado argentino ante dilaciones, demoras o paralizaciones en investigaciones que involucran a víctimas de desapariciones forzadas”, sostuvieron desde Hijos Capital.

El rechazo a que Hooft sea juez tiene larga data. Varios organismos de derechos humanos habían impugnado su candidatura cuando el nombre del actual secretario del Juzgado Federal 3 de Mar del Plata apareció en la selección del Consejo de la Magistratura, a fines de septiembre. 

Representantes de la oposición en el Consejo también habían rechazado la candidatura. Entonces, el diputado por el FpV Rodolfo Tailhade había planteado que Hooft no reunía las condiciones para ser juez no solo por haber grabado a un fiscal para “salvar a su padre de las denuncias que lo involucran en delitos de lesa humanidad”, sino también porque “tiene denunciada a casi toda la jurisdicción de Mar del Plata, con la que debe convivir si llega a ser juez” y por último porque, según el informe psicotécnico al que se sometió, tiene “escasa adecuación al perfil requerido”. 

Dados los antecedentes de Hooft, las Abuelas temen que, si queda a cargo del Juzgado Federal 1 de Mar del Plata, “ejerza una persecución contra víctimas y querellantes de delitos de lesa humanidad”. En ese juzgado se tramitan numerosas causas que investigan delitos cometidos durante la última dictadura, entre ellos, varios casos de apropiación de bebés.