La Superintendencia de Seguros de la Nación publicó una reglamentación que obliga a las empresas aseguradoras a invertir sus recursos en activos argentinos. “Las entidades aseguradoras y reaseguradoras locales no podrán adquirir nuevas tenencias de Fondos Comunes de Inversión que contengan activos subyacentes radicados en el exterior”, precisó el Gobierno a través del Boletín Oficial. La justificación de la Superintendencia fue que se pretende resguardar la solvencia de las aseguradoras. Pero el objetivo no explicitado de esta medida es intentar recuperar el precio de los activos en el mercado interno.
La estrategia oficial no sólo es obligar a las aseguradoras a volcar su nuevo flujo de ganancias en activos locales sino que también lanzó una reglamentación para que las empresas se desprendan de sus inversiones ya existentes en el exterior. Esto apunta a conseguir que ese stock de fondos empiece a aplicarse en activos radicados en el país. “Las entidades aseguradoras y reaseguradoras locales deberán adecuar –al cierre del ejercicio contable del 30 de junio de 2020– las inversiones en Fondos Comunes de Inversión que contengan activos subyacentes que no estén radicados en la República Argentina”. Las aseguradoras tienen un año para terminar de desprenderse de sus activos en el exterior.
Esta reglamentación sobre las aseguradoras no es la primera que anuncia el Gobierno. Hubo en los últimos días otra regulación que obliga al sector a invertir el 10 por ciento de su cartera en proyectos de vivienda. Esta cifra se alcanzará con subas escalonadas entre junio y octubre. El 31 de julio deberán tener invertido en proyecto de vivienda al menos el 2,5 por ciento y para el 31 de octubre ese valor deberá alcanzar el 10 por ciento.
Esta norma se avala a partir de los principios de inversión incluidos en el inciso M del marco normativo del sector de los seguros. En ese manual se estipula que las compañías aseguradoras pueden invertir hasta 40 por ciento de su cartera de fondos en instrumentos como los certificados del PPP (Programa de Participación Público Privada), securitización de hipotecas, títulos emitidos por fondos de infraestructura o desarrollo inmobiliario, inmuebles o valores representativos de deuda emitidos por el Fondep (que se vinculan al financiamiento de pequeñas y medianas empresas). Las aseguradoras se muestran reticentes a realizar inversiones en estos sectores y el argumento es que faltan instrumentos financieros que cumplan los requisitos necesarios.
Las normativas de la Superintendencia para reorientar los fondos de las aseguradoras llegan en un momento clave del proceso electoral. El objetivo de las nuevas reglamentaciones parece ser doble. Por un lado se apunta a utilizar los recursos del sector de seguros para estimular actividades con alto efecto multiplicador como la construcción. La intención es inducir cierta reactivación de muy corto plazo para el mercado interno. El segundo objetivo tiene que ver con el uso de los recursos de las aseguradoras como un colchón financiero que ayude a evitar nuevas caídas en el precio de los activos. La masa de fondos de este sector no podrá destinarse a fondos de inversión con activos del exterior. Esto genera problemas para las aseguradoras ya que aumentan su exposición al riesgo argentino. La colocación hasta ahora de parte de sus activos en instrumentos financieros externos a la Argentina funcionaba como un seguro contra las crisis locales y el desplome de los activos.
