El Ministerio de Cultura del gobierno porteño anunció la demorada reglamentación de la Ley de Espacios Culturales Independientes, sancionada en noviembre de 2018. La normativa, que finalmente entró en vigencia, despertó cautela en el sector cultural: los representantes de distintos colectivos celebraron su puesta en marcha pero también plantearon dudas. Esas inquietudes se sintetizan en tres puntos: la interpretación de la ley y su reglamentación que hagan los inspectores de la Ciudad, que el Catálogo de Espacios Culturales Independientes que establece la norma no fagocite a los institutos de promoción de los distintos sectores (como BA Música, Proteatro, BA Milonga o Prodanza), y la persistente crisis económica que desestabiliza al circuito.

El comunicado del Ministerio de Cultura destaca que la Ley de ECI permite “el baile como actividad cultural”, baños unisex, actividades complementarias y la programación de actividades diversas bajo una única habilitación. Además, desde el organismo aseguran que simplifica trámites, como salvar los de impacto ambiental y control de ruidos con una declaración jurada. Cada espacio cultural, existente o por nacer, podrá optar bajo qué ley habilitarse, la ECI o la específica de su actividad principal. “Sabemos que si bien facilita algunos trámites, también duplica y superpone muchos de los ya iniciados”, analizan desde MECA (Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos), uno de los principales destinatarios de la medida.

“En la Ciudad hay más de 450 espacios de cultura independiente en todos los barrios; facilitar el proceso habilitatorio es valioso, pero es sólo una medida que reconoce nuestra existencia y la regula, es fundamental que el rol del Estado también sea de protección y fomento a la actividad”, reclamaron desde la organización.

Otra incógnita para los integrantes de MECA es qué instrucciones recibirán los inspectores, una inquietud que comparten desde Abogados Culturales. “Es importantísima la bajada que se haga a los inspectores, que son los que luego interpretan si es necesaria una clausura”, considera Soledad Martínez, de esa agrupación. La preocupación no es menor ya que “en términos operativos levantar una clausura lleva mínimo cuatro días y si esta sucede un viernes, te deja el fin de semana sin trabajar, con un perjuicio económico gravísimo al que luego hay que sumar el monto de la multa”, advierten. El tema de las clausuras es una constante para todo el sector cultural. “El problema es que la clausura hoy es arbitraria y los motivos muchas veces son abusivos; esta nueva reglamentación, al enumerar los motivos de clausura, termina con cualquier otra falta que... y eso te deja otra vez a la buena voluntad de los inspectores”, critican.

Aunque prácticamente todos los colectivos que nuclean a la cultura en Buenos Aires tuvieron acceso al proyecto en alguna de sus etapas, algunos prefieren seguir trabajando en función de la ley que ya las cobijaba. Es el caso de Artei, que reúne a buena parte de las salas teatrales independientes. Liliana Weimer, presidenta de la entidad, explica a Página/12 que la nueva norma “es bienvenida”, aunque la creen fundamentalmente adecuada para centros culturales. “Pero como Artei, como teatros independientes, seguimos apostando a nuestra ley, la 2147, que logramos sancionar después de mucho trabajarla y militarla”, cuenta la presidenta de la asociación. “No queremos perder nuestra identidad. Todo lo que simplifique los temas habilitatorios nos parece bárbaro, pero hay cuestiones muy específicas de nuestra ley que nos parecen muy buenas y nos costaron muchísimo trabajo”, plantea Weimer. La posibilidad explícita de habilitarse según una ley precedente o la nueva –que ya había anticipado el ministro Enrique Avogadro en entrevista con este diario- fue fruto de la insistencia de Artei, señala Weimer.

La cuestión identitaria de cada sector es fuerte, pero también pone de manifiesto una preocupación muy grande: que la nueva ley y su “Catálogo de ECI” termine por fagocitar a los institutos de promoción cultural que ya existen y que están regulados por distintas leyes según cada sector. “Nosotros compartimos la preocupación de Artei”, observa Nicolás Daniluk, representante de la Cámara de Clubes de Música en Vivo (Clumvi). “Entendemos que es una normativa más saludable y que abre oportunidades para el sector, pero sí nos preocupa que se pierda la identidad de cada rubro, porque los Institutos de Fomento son fundamentales para la salud de la escena independiente porque ahí las entidades somos partícipes”, profundiza el gestor cultural. “Otras instituciones tienen jurados o están manejados sólo por el Poder Ejecutivo; en estas somos parte”, agrega Daniluk. Según la normativa, el catálogo ECI también oficiaría de organismo para dar rubro a cada espacio.

 

Daniluk celebra algunos cambios de la nueva ley, como el hecho de que si dos personas del público se ponen a bailar, esto no suponga la clausura inmediata de un lugar donde hay una banda tocando. “La música en vivo genera un pulso en el cuerpo que se expresa naturalmente como baile a veces. Y eso ha sido causa de clausura”, critica. La rezonificación que habilita la nueva norma también le parece positiva. “Si no, quedaba la actividad musical limitada a sólo ciertos espacios de la ciudad y eso cercenaba la escena, achicaba la posibilidad de tocar: no todo es el Centro y Palermo, debemos poder ofrecer cultura a los vecinos de otros barrios”, plantea. “Nos genera esperanza el poder tener una herramienta de funcionamiento, con este marco habilitatorio que permite ciertas libertades que estaban coartadas administrativamente, ya que la escena independiente fue siempre el chivo expiatorio de Cromañón. Creemos necesaria una ley marco, más permisiva en el buen sentido, pero compartimos esta preocupación. Sería bueno que acompañen con la protección de los institutos de promoción. No somos todo lo mismo, no somos un mismo tacho”.