La Justicia rosarina condenó hoy a Carlos García, el gasista acusado por la explosión que causó 22 muertes, a la pena de cuatro años de prisión, tras haberlo hallado culpable del delito de estrago culposo. En el fallo de primera instancia, los jueces absolvieron a los otros diez acusados.

El hecho ocurrió el 6 de agosto de 2013. Ese día, en la ciudad santafecina, hubo una explosión en un edificio ubicado en Salta 2141. García había trabajado allí minutos antes de la tragedia.

En total, debieron rendir cuentas al tribunal conformado por los jueces Marcela Canavesio, Carlos Leiva y Rodolfo Zavala, tres gasistas, tres miembros de la administradora del edificio y cinco empleados de la empresa Litoral Gas.

El hecho significó el mayor desastre no natural en la historia de Rosario y provocó, además de las víctimas fatales, más de 60 heridos. "No estamos ajenos a tal conmoción social. Se ha configurado la mayor catástrofe de la historia de la ciudad que enlutó a la comunidad", dijo la jueza Canavesio al iniciar la lectura del fallo. "Se discute quienes produjeron un estrago para poner en peligro de muerte a la gente. Buscamos fundamentos. Acá fallaron los eslabones de responsabilidad y hubo contradicción", agregó.

El delito por el cual fueron juzgados prevé, como pena máxima cinco años de prisión efectiva. El matrimonio Gianángelo, que en el desastre perdió una hija, había pedido esa condena para todos los acusados, mientras que la fiscalía consideró que uno de los gasistas y uno de los empleados de Litoral Gas debían ser absueltos en tanto no contribuyeron a la “cadena de negligencias” que llevaron a la explosión y apuntó contra los restantes nueve imputados.

Los peritajes determinaron que la explosión del 6 de agosto de 2013 fue la consecuencia de una secuencia que se inició el 24 de julio anterior a raíz del reclamo de un vecino. Ese día, llegaron un gasista privado y dos empleados de Litoral Gas, que observaron el problema. El consorcio aprobó la contratación de gasista para cambiar la válvula. El gasista García y su ayudante Pablo Miño trabajaron allí en la mañana del 6 de agosto. No cortaron el gas ni la energía eléctrica. Tampoco avisaron a los vecinos. A las 9.38 de la mañana se produjo la explosión.

Pese a la responsabilidad de los gasistas, los abogados querellantes y el fiscal coincidieron en que hubo “una cadena de negligencias” por la cual no eran los únicos responsables. Sin embargo, los jueces absolvieron a los administradores del consorcio Mariela Calvillo, Norma Bauer y Carlos Repupilli, a la par de Gerardo Bolaño, Claudio Tonucci, Guillermo Oller, Luis Curaba y Viviana Leegstra, todos empleados de Litoral Gas; más Miño y el gasista José Ayala. Este último, junto a Bolaño, había trabajado en el lugar unos días antes de la explosión.

Una de las torres de Salta 2141 se derrumbó por la explosión y otras dos fueron demolidas. En el terreno, expropiado por el Estado, se quiere levantar un edificio que albergará un instituto de música. Además, habrá un memorial para recordar a las víctimas.