El gobierno de Donald Trump estableció un plan para acelerar las deportaciones de los inmigrantes eliminando la supervisión de los tribunales y permitiendo a los funcionarios sacar a las personas del país en días en lugar de meses o años.
El objetivo es lograr la “remoción forzosa” de la mayoría de los que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos, a menos que puedan probar que han estado viviendo en el país por al menos dos años. A partir de ahora, las deportaciones aceleradas pueden aplicarse a cualquier persona en el país sin la documentación adecuada por menos de 48 meses. Anteriormente, esas deportaciones se limitaban en gran medida a las personas arrestadas casi inmediatamente después de cruzar la frontera con México.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) dijo que desafiaría la política en los tribunales, alegando que destruye los derechos legales básicos. "Bajo este plan ilegal, los inmigrantes que han vivido aquí durante años serían deportados con un proceso menor al que recibe la gente en el tribunal de tránsito", dijo Omar Jawdat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
Vanita Gupta, presidenta de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, agregó: "La administración de Trump está avanzando en convertir la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un ejército de “mostrame tus papeles".
Kevin McAleenan, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó que la nueva medida abordaría una "crisis en curso en la frontera sur". Las autoridades estadounidenses no tienen espacio para mantener bajo arresto a "la gran mayoría" de las personas detenidas en la frontera, lo que lleva a la liberación de cientos de miles de personas con notificaciones para comparecer ante el tribunal, dijo.
Afirmó que los funcionarios de Seguridad Nacional con el nuevo poder de deportación deportarán a los inmigrantes en el país ilegalmente más rápidamente que los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia, donde los casos pueden tardar años en resolverse.
De acuerdo con el Instituto de Política de Migración no partidista, casi 300.000 de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos podrían ser deportados rápidamente con la nueva norma.
"Ampliar el procedimiento de vía rápida para aplicar en cualquier lugar de los Estados Unidos es una receta para destrozar a miles de familias más y devastar a las comunidades", dijo Grace Meng, subdirectora interina de Human Rights Watch en los Estados Unidos. "Este es un cambio masivo y peligroso".
De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère
