Retroceso

La nueva reforma legislativa en el sistema de Riesgos del Trabajo se produjo con la excusa de la alta litigiosidad del sistema (sobre cuyas causas reales no se hace referencia alguna en la exposición de motivos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso) y bajo la declamada necesidad de volverlo más equitativo (por lo que se ve, se ha pensado en los intereses de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, no en los derechos de los trabajadores).

El proyecto fue finalmente sancionado merced a su aprobación por la Cámara de Diputados y será convertido en ley en los próximos días mediante su promulgación por el P.E.N.

En líneas generales y para ser claros sobre su contenido e impronta (sin entrar en tediosos detalles técnico‑jurídicos), diremos que, siguiendo el modelo económico neoliberal que viene implementando el Gobierno Nacional, lo que la reforma busca es la baja de los costos laborales de las A.R.T. a costa de los derechos de los trabajadores, obligándolos a transitar por las Comisiones Médicas (C.M.), como paso previo para poder acceder a la instancia judicial, debiendo atravesar un procedimiento engorroso y lento que seguramente llevará a vía muerta buena parte de los reclamos de los trabajadores.

Otro aspecto de la reforma: con el régimen vigente antes de la reforma legal, si la C.M. al dictaminar le daba la razón al trabajador respecto de su incapacidad, la A.R.T. le tenía que pagar una prestación dineraria, aún cuando la aseguradora apelara dicho dictamen ante una instancia superior, ya que el recurso de la A.R.T. no suspendía el cumplimiento del dictamen favorable al trabajador accidentado; en el nuevo régimen, en cambio, la apelación de la aseguradora suspende el cumplimiento del dictamen favorable al obrero accidentado.

En fin, se podría seguir ejemplificando con los diversos aspectos de esta nueva reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo y su sesgo marcadamente perjudicial para los trabajadores, pero ahora no es el caso. Sí es seguro que el mismo será atacado judicialmente en su constitucionalidad y es de esperar, también, el rechazo activo de buena parte de la oposición política y sindical al modelo, aunque desde ya que no lo será por la C.G.T. que apoyó el proyecto del Macrismo.

Diego F. Boglioli

Secretario de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario.