La justicia patriarcal deja a niñxs abusadxs en peligro
El abuso infantil con mordaza
Dos juezas desoyen sistemáticamente testimonios de abuso sexual expresados por niñxs y sus madres. Marcela Trillini, del Juzgado de Familia n°9 de Río Negro, permite que una niña discapacitada viva con un golpeador y no deja que vea a su mamá desde hace dos años. Viviana Rodríguez, del Juzgado de Familia de Segunda Nominación de Carlos Paz, ordena la revinculación de dos niños con el padre abusador: qué pasa cuando la justicia hace oídos sordos con las mujeres y lxs niñxs y éstos crecen siendo lastimados mientras sus madres dejan su vida entre juzgados y pericias que lxs revictimizan. 

Florencia descubrió que el padre de sus hijos -de cinco y siete años- los abusaba sexualmente. Las violaciones quedaron probadas ante la justicia cordobesa, y a pesar de ello la jueza Viviana Rodríguez ordenó la revinculación con el padre abusador que podría concretarse en cualquier momento. Viviana no ve a su hija hace dos años. Marcela Trillini, la jueza que conduce el Juzgado de Familia n°9 de Río Negro le negó la restitución. La nena -de nueve años- ahora vive con su padre acusado de violento y los fines de semana queda al cuidado de la abuela materna y el padrastro de Viviana, quien abusó de ella durante su infancia.

Cuando la hija de Viviana era apenas una bebé comenzaron los golpes, cuando cumplió un año Viviana erradicó una denuncia contra su ex y padre de la nena. El hombre jamás respetó las restricciones de acercamiento impuestas por la justicia y violó varias veces la medida perimetral. Viviana ya no se sentía segura: “ya no confiaba en la justicia, tenía miedo, temía por mi vida y la de mi hija, por eso me fui a Bariloche” cuenta a Las12.

Hace dos años la madre de Viviana le insistió con llevarse a su nieta unos días de vacaciones a Plottier, Neuquén. Con dudas Viviana aceptó, pero antes realizó una exposición policial donde dejó constancia que solo pasaría las vacaciones de invierno y apenas comenzaran las clases se la traería nuevamente. Al tercer día del ciclo escolar su hija no volvía. “Llamé por teléfono a mi mamá para saber si me la iba traer y me contestó que no porque se la había dado a su padre”, cuenta Viviana.

Ahora la nena vive con su padre violento y los fines de semana queda al cuidado de la abuela materna y el padrastro de Viviana. “Cuando mi mamá se llevó a mi hija me enteré que seguía viviendo con la persona que abusó de mi a los 9 años. Ella me juró que hacía 4 años que estaba separada, pero resultó una mentira. Ahí comenzó mi desesperación. Tengo mucho miedo que le haga a mi hija lo mismo que me hizo a mí”, asegura. Ya pasaron dos años del día que su madre la engañó. La justicia es sorda o solo tiene oídos para los violentos.

Viviana perdió la cuenta de la cantidad de veces que solicitó la restitución forzada a través de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Todos los pedidos fueron rechazados por la jueza Trillini, quien sostiene que si la nena no ve a su padre podría causarle un trauma, pero nada dice del vínculo que debe tener con su madre y el riesgo que corre mientras convive con un abuelastro abusador. “La jueza insiste que el padre es el que tiene que traer a la criatura, pero se han hecho alrededor de tres audiencias y él no se presenta, evade las notificaciones diciendo que no llegan a su domicilio. Trillini no considera mis derechos, pedí audiencias y me las rechaza. Mi hija tiene una discapacidad y presenté ante el juzgado un certificado médico donde su doctora pide que regrese a Bariloche para que pueda retomar su tratamiento y medicación. Dos años sin mi hija, dos años de incertidumbre, mucho miedo, desesperación. Y lo único que me dicen es que tengo que esperar”.

No es la primera vez que esta jueza separa a hijxs de sus madres para dejarlxs al cuidado de padres violentos. El 22 de febrero de 2015 Marcela Fillol falleció de leucemia, enfermó mientras se llevaba a cabo un largo proceso judicial que le impidió ver a su hija durante un año. Trillini otorgó la guarda al padre, Eduardo De Marcos, acusado de violento, e incumplió dos fallos que lo obligaban a llevarla de Buenos Aires a Bariloche para que vea a su madre. La nena -de siete años- llegó cuando su mamá ya había fallecido. Al momento en el que sucedieron los hechos Marizu Terza, madre de Fillol, relató que Trillini se declaró incompetente y la jueza Silvia Celina Sendra de San Isidro en vez de dictar el régimen de visitas mandó el expediente de vuelta a Bariloche donde quedó archivado. Ambas juezas acusaron a Fillol de Síndrome de Alienación Parental (SAP).

Tenencia a cargo de un violador

Florencia se separó del padre de sus hijos cuando estaba embarazada del segundo y el primero tenía un año. Vivían en Carlos Paz. Los nenes comenzaron a visitar a su padre a través de un régimen comunicacional. “Cuando mi hijo más grande tenía tres años empezó a contarme cosas que escuchaba y vivía en la casa de su papá y a tener comportamientos con juegos sexualizados. Mi terapeuta me dijo que lo plantee ante la jueza de Carlos Paz, Viviana Rodríguez, porque era algo grave. La jueza se me rió y me dijo que yo era una exagerada, que era una madre sobreprotectora, que pudo haber sido un descuido o que tal vez lo vio al padre teniendo relaciones con su pareja” cuenta Florencia.

El primer indicio de abuso que Florencia notó en su hijo mayor fue a los cuatro años al regresar de la casa de su papá con una lesión en el pene: "Al bañarlo noté que tenía sangre. Lo llevé al Hospital de Carlos Paz y en la guardia me dijeron que no se podía haber lastimado él solo", recordó. Ese mismo día quedó asentada la primera denuncia. "Dos años después, en 2018, me citaron de la escuela diciendo que mi hijo tenía comportamientos inadecuados para la edad, de índole sexual, que habían observado maestras, directivos y la psicóloga”. A partir de ese día su hijo pudo manifestar verbalmente lo que le había ocurrido: “me contó que el papá lo manoseaba en el baño de la casa, me describió un montón de situaciones”, relató la mamá.

Florencia realizó una segunda denuncia y solicitó una orden de restricción en abril del año pasado que hoy continúa vigente. En medio del proceso judicial la fiscalía a cargo del caso intentó archivar la primera denuncia, la madre logró que no se desestimara con pruebas fehacientes de los abusos: la lesión de su hijo fue constatada por una médica que aseguró que se trataba de una contusión de índole sexual, sumó los informes y las inspecciones que realizó el colegio al cual asistía su hijo donde manifestó los abusos y además fueron citadas a testificar en fiscalía la maestra y la psicóloga del niño, a quienes les había confesado los abusos.

Los padres del ex de Florencia pidieron ver a sus nietos y la jueza estableció un régimen de días de visita. En medio de ese proceso su hijo más grande le confesó que otros integrantes de la familia habían participado de los abusos junto a su padre. Su ex comenzó a perseguirla, violó la restricción de acercamiento, se apareció en la vereda de su casa, de su trabajo y en el colegio de sus hijos. “Tuve que irme a la casa de mis padres porque ya no estaba segura. Entré en un cuadro de mucho estrés, estaba agotada y mis hijos también. Ya casi ni tenía dinero porque todo lo había gastado en abogados, psicólogos y peritos de parte”.

El tío de Florencia, que vive en Trelew, le sugirió que se tomen unos días de vacaciones en su casa. “Ya instalados en Trelew mi hijo más grande me pidió llorando que por favor no volvamos a Carlos Paz porque tenía mucho miedo. El ya no iba a los cumpleaños, no quería salir a la calle. Conseguí trabajo y colegio para mis hijos e informé al juzgado de familia que decidimos quedarnos en Trelew y que en caso que a mí no me creyeran podían hablar con mis hijos” dice.

A pesar de las pruebas, el Juzgado de Familia de segunda nominación de Carlos Paz, a cargo de Viviana Rodríguez, ordenó la revinculación con el padre abusador que, si bien menciona que "no se ignoran las denuncias penales presentadas por la madre a raíz de la supuesta comisión de delito", de todas formas, ordena a Florencia restituir a los niños a su lugar de origen, por ser su "centro de vida".

El 29 de mayo el Juzgado de Familia 2 de Trelew, a cargo de Silvia Apaza, emitió un oficio en el que autorizaba "el uso de la fuerza pública y/o de un cerrajero y/o allanar domicilio, en caso de ser necesario, tendientes a efectivizar la restitución de los menores (...) a la ciudad de Carlos Paz". En el mismo oficio el tribunal dejaba constancia de que los niños serían trasladados por su "abuelo paterno y su tío en su vehículo particular", también presentados en las denuncias penales realizadas por Florencia como presuntos abusadores.

“Presenté otra medida para que la jueza escuchara a mis hijos y que nos permitiera quedarnos. Mis hijos declararon ante la justicia de Trelew que no querían volver a Carlos Paz. A pesar de haberlos escuchado, la jueza y la fiscalía se declaran incompetentes, argumentando que no pueden contradecir al juzgado de Córdoba. Reconocen que era gravísimo lo que le estaba pasando a mis hijos y que creían en ellos pero que no podían hacer nada”, relata Florencia.

Aun cuando la justicia de Trelew no puede interceder, los menores expresaron su deseo de permanecer en esa ciudad, lejos de su padre, y esta ciudad debería ser tomada como su actual hogar, aquel en el que se sienten seguros. La jueza Rodríguez al buscar la revinculación estaría priorizando el derecho del padre y de su familia por encima de los derechos de los niños, que manifiestan con claridad haber sido violentados. Los vínculos paterno filiales no pueden sostenerse a cualquier precio, menos aun cuando existen denuncias de hechos gravísimos como son los abusos sexuales.

Estas dos historias demuestran que la perspectiva de género sigue siendo una cuenta pendiente para el sistema judicial. Y las víctimas principales son lxs niñxs. 

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