Tras el megaoperativo de seguridad y la represión de la Policía de la Ciudad a los movimiento sociales que acamparon frente al Ministerio de Desarrollo Social, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, continuó con la política persecución al presentar una denuncia penal contra el dirigente del Movimiento Teresa Rodríguez, Oscar Kuperman, por declaraciones que hizo durante una entrevista televisiva los días del acampe. Bullrich lo acusó de "incitación a saqueos".
Kuperman, quien pertenece a la Coordinadora de Unidad Barrial dentro del MTR, fue uno de los dirigentes que acampó durante 48 horas frente al ministerio que encabeza Carolina Stanley para exigir un refuerzo de alimentos para los comedores comunitarios, la ampliación de los planes sociales.
En ese contexto, el dirigente social ofreció una entrevista al canal A24 en la que señaló que "si el Gobierno no cumple con la entrega de los alimentos a los comedores, vamos a ir a buscarlos a los supermercados porque las góndolas están llenas de mercadería y las mesas de nuestros compañeros no tienen para comer".
Esas declaraciones fueron interpretadas por la ministra Bullrich —que ni siquiera participó del megaoperativo montado para controlar el acampe— como una "incitación a los saqueos" y presentó una denuncia en Comodoro Py contra Kuperman por "instigación a la violencia colectiva", que contempla de tres a seis años de prisión. La causa quedó en manos del juez Claudio Bonadio.
El seguimiento de las declaraciones públicas de los dirigentes sociales y la apertura de una causa penal contra Kuperman fue realizada por la Subsecretaría de Articulación Judicial, a cargo de Guillermo Soares Gache.
La denuncia de Bullrich se dio a conocer horas después de que los movimientos sociales terminaran el acampe y adelantaran que este fin de semana analizarán un nuevo plan de lucha, que podría contemplar otro acampe la próxima semana, en coincidencia con el tratamiento de la Ley de Emergencia Alimentaria que se tratará en el Senado.
Las presentaciones judiciales espontáneas contra manifestantes y ciudadanos que se expresan en contra de las políticas del Gobierno en la calle o a través de las redes sociales son una seña de identidad de la persecución de Cambiemos durante sus casi cuatro años de gestión. La semana pasada se conocieron dos casos de ciudadanos que fueron denunciados por "amenazas" contra el presidente Mauricio Macri por declaraciones triviales en las redes sociales.
