En la antesala de la audiencia pública por la adhesión de Santa Fe a la nueva ley nacional de riesgos de trabajo, que se realizará este miércoles en la Legislatura provincial, los abogados y médicos laboralistas reiteraron su rechazo a la reforma, a la que consideran inconstitucional.

Jorge Elizondo, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, explicó que la Cámara de Diputados no tiene que aprobar la adhesión a la ley 27.348 porque asigna a las comisiones médicas la competencia jurisdiccional en materia laboral, lo que por mandato constitucional corresponde a la Justicia ordinaria. "Las facultades otorgadas a las comisiones médicas son funciones propias del Poder Judicial y por ello vulneran el principio del juez natural, el de supremacía constitucional, el artículo 5 de la Constitución Nacional, al desconocer el poder jurisdiccional de las provincias y, en definitiva, la forma republicana de gobierno", sostuvo Elizondo.

"Al establecer la obligatoriedad de las comisiones médicas jurisdiccionales, la ley 27.348 impide a los trabajadores el acceso directo a la Justicia laboral", agregó el abogado. "Conforme al artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones".

"Al establecer la obligatoriedad de las comisiones médicas impide a los trabajadores el acceso directo a la Justicia laboral".

En esa línea, Elizondo indicó que las provincias que acepten la "invitación" de adherir a la nueva ley "deben delegar facultades a estos organismos que dependen del Estado nacional, adecuando sus normas procesales. Estas disposiciones son claramente inconstitucionales".

"Las comisiones médicas carecen de idoneidad para investigar los accidentes y enfermedades del trabajo, las condiciones, medio ambiente y la relación entre éstos y las enfermedades. Están compuestas exclusivamente por médicos, que sólo están capacitados para determinar enfermedades y grados de incapacidad. No los integran ingenieros o técnicos en seguridad en el trabajo, ni otros especialistas, ni se prevén las inspecciones a los lugares de trabajo", agregó el abogado.

En tanto para Jorge Kohen, médico laboralista y docente investigador de la UNR, el debate es "tardío e innecesario" y la posible adhesión de Santa Fe a la nueva normativa resulta un "cepo a los reclamos de los trabajadores".

El especialista entiende que el resultado de las elecciones primarias implica que "la enorme mayoría del pueblo argentino le dijo no a la reforma laboral macrista, de la cual la ley 27.348 es la única expresión que logró aprobar en el Congreso Nacional el gobierno de Cambiemos".

En la provincia de Santa Fe los accidentes de trabajo y la litigiosidad disminuyeron desde 2016 de manera significativa. De 15.666 juicios iniciados en el año 2016, han disminuido a 11.428 en 2018 y la tendencia continúa en descenso para este año, según consigna la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en su boletín de litigiosidad correspondiente al primer trimestre de 2019.

"Este dato -sostiene Kohen- echa por tierra la necesidad y urgencia que tiene Santa Fe para adherir a la reforma de la ley de riesgos de trabajo para combatir la desocupación y garantizar la reactivación económica".