Críticas al proyecto de "reperfilamiento" de la deuda pública
Más dudas que definiciones sobre cómo se paga
Los expertos cuestionan la incorporación de la cláusula de acción colectiva, que limita el poder de negociación del Estado, y una ausencia de detalles que "agrega más incertidumbre".

Tras el envió al Congreso del proyecto de ley para reestructurar la deuda pública emitida bajo legislación argentina, que ingresó ayer, tres estudiosos de emisión y reestructuración de deuda aseguraron a Página/12 que el texto enviado por el Palacio de Hacienda no detalla los términos en los que se realizará la negociación con los tenedores locales y extranjeros de esos bonos, ni aclara qué recursos tiene el Estado para hacer frente a las obligaciones, por lo que este contexto “agrega más incertidumbre”. Además, cuestionan la incorporación de la Cláusula de Acción Colectiva (CAC), como tienen los de legislación extranjera, al asegurar que “pone límites” al Estado para llevar adelante la negociación. Y más allá de los tecnicismos, se preguntan si estos procedimientos van a “restablecer los niveles de sostenibilidad de la deuda pública nacional” como establece el primer artículo.

“El proyecto de ley genera incertidumbre en un tema demasiado sensible como es la deuda”, opinó Javier Alvaredo, quien fue director de Informaciones Financieras en la Secretaría de Finanzas durante el Megacanje del 2001. Para el economista, esta incertidumbre se genera ya que el proyecto no aclara qué recursos dispone el Gobierno para hacer frente a los compromisos de deuda. “La última presentación de un programa financiero se hizo en julio, y decía que iba a haber un desembolso del FMI por 5400 millones de dólares, y que se iban a refinanciar las Letes. Ninguno de esos supuestos se verificaron y hasta los números fiscales están en duda, por lo que ese programa no existe más”, agregó Alvaredo.

En este sentido, Facundo Bocco Proietti, miembro del Observatorio de la Deuda Externa de la UMET, agregó que la falta de información acerca de cómo se van a cumplir las obligaciones hasta fin de año genera “volatilidad cambiaria y empeora las condiciones macroeconómicas del país”. Bocco Proietti, quien fue subsecretario de Financiamiento en 2014, agregó que el aspecto central del proyecto es que suma las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC), que ya formaban parte de la ley extranjera, a los bonos de ley local. “No queda claro por qué llevan adelante esta ley, si los bonos de ley local se pueden reestructurar de una manera más sencilla, sin tener que llevar adelante las CAC, dado que el Estado tiene la potestad de manejarlo como mejor le parezca”, afirmó el economista. El artículo 2 del proyecto establece que si el 66 por ciento de los bonistas acepta la propuesta de reperfilamiento, el resto debe acatar, con un mínimo de 50 por ciento por especie.

También, Bocco Proietti se preguntó si la ley podrá cumplir el artículo 1, que establece que el proyecto tiene como objetivo restablecer los niveles de sostenibilidad de la deuda pública nacional. Es que este reperfilamiento alcanzará bonos por una suma superior a 20 mil millones de dólares, para títulos regidos por ley argentina a diez años de plazo. “También está toda la deuda emitida bajo ley extranjera”, agregó el economista. Además, dijo que estos procedimientos se llevan a cabo de una forma desordenada, ya que la deuda era insostenible antes de acudir al FMI, cuando los mercados internacionales se habían cerrado. “La política financiera fue muy irresponsable. Podrían haber reestructurado hace tiempo, antes de dejar una recesión brutal y una bomba de incertidumbre financiera para el próximo gobierno”, resaltó.

Claudio Lozano, autor del libro “La deuda ilegítima”, opinó que haber sumado las Cláusulas de Acción Colectiva significará un problema a la hora de reestructurar la deuda. “Es insólito que a los bonos emitidos bajo legislación argentina se apliquen las mismas cláusulas que en los bonos con legislación extranjera. De esta forma le ponen restricciones a una eventual reestructuración futura, en la que el Estado no va a poder tomar una determinación de montos, plazos y tasas. Pero saben que el problema lo va a tener quien lo lleve a cabo, y no será este Gobierno”, opinó el ex diputado nacional.

Además, Lozano cuestionó que el proyecto de ley delegue las facultades de reestructuración al Poder Ejecutivo: “La Constitución establece que el responsable de llevar adelante la negociación en materia de deuda es el Parlamento”. Y agregó que lo primero que debería hacer el Congreso, antes de tratar la ley, es investigar el proceso de endeudamiento: “La deuda debe ser investigada porque estuvo llena de irregularidades. El 70 por ciento de lo que tomó el Gobierno se fugó. La premisa principal debe ser la investigación”. 

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