Los llaman “accidentes”  

Por M.W.

El juez federal Federico Villena lleva adelante el expediente que investiga el accidente producido en el aeropuerto de Ezeiza. Causó la muerte del capataz, José Bulacio, y dejó heridos a otros trece trabajadores. La nota publicada ayer por los colegas Irina Hauser y Raúl Kollmann aborda con precisión el trámite de la causa judicial. El tema de esta columna es otro, echar un vistazo sobre los accidentes de trabajo, sus causas más frecuentes, la (des)protección legal, administrativa y laboral de los laburantes que los padecen.

Los casos fatales se acercan al millar al año. La cifra se multiplica cruelmente con los que sufren daños graves en el cuerpo y en la salud. Sobreabunda señalar que, en un “mercado de trabajo” minimizado, cualquier mengua de capacidad impide la reinserción de la víctima.

Las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) son pilar del sistema. Se trata de empresas con fines de lucro contratadas por las patronales. Su funciones básicas son tres: obtener ganancias, proteger los intereses de las empresas que les pagan, custodiar la seguridad de los empleados. El orden de la enumeración opina este cronista, coincide con el de prioridades de las ART.

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Las batallas culturales se disputan en varios terrenos, los siniestros laborales entre tantos. El discurso de empresarios y ART se anota unos cuantos triunfos parciales en el debate. El famoso “costo laboral argentino” se engrosa, aducen, con las cuotas de las ART, agravadas por indemnizaciones judiciales faraónicas. En el extremo, se alega que un sinfín de PyME sucumbieron por tener que pagar alguna. Imposible afirmar que no haya habido algún caso en decenas de años pero se desconocen datos serios que corroboren dicha leyenda urbana. Sin ir más lejos, las quiebras, convocatorias, cierres de fábricas durante la presidencia de Mauricio Macri obedecen a otras causas, conocidas y padecidas con antelación. Es la economía, caramba.

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En la tragedia que nos ocupa pudo haber incidido la angurria preelectoral del oficialismo que lo induce a programar inauguraciones de obras públicas inconclusas. De nuevo, ponemos a un lado especificidades y repasemos aspectos generales, crónicos. La falta de controles administrativos talla alto entre las concausas. Un gobierno neocon se especializa, entre otras lindezas, en suprimir regulaciones, desguazar organismos de control o asfixiarlos presupuestariamente. Las Policías de Trabajo, nacional o provinciales, no hacen excepción a la regla, más bien la acentúan.

La dilución de responsabilidades mediante una telaraña de subcontrataciones se agrega a la lista. Se usa como pretexto para que la titular de la obra se desembarace de obligaciones impuestas por ley. El repetido discurso renace en este “caso”.

El mainstream de derecha se engolosina con la “industria del juicio” que generalmente llega como consecuencia del desamparo de las víctimas, las compensaciones irrisorias, los trámites kafkianos.

La jurisprudencia de la materia es, en el fuero laboral, más procíclica que en otros más afamados. Hasta la Corte Suprema en la actual composición ha dictado fallos lamentables, buscando más los aplausos de los capitalistas y los medios dominantes que la custodia de los derechos de las víctimas. En un pronunciamiento reciente, los Supremos Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz dejaron de lado querellas internas para indignarse por cuánta plata se llevó el demandante operario tras largos años de litigios y peregrinación por los laberintos de los tribunales.

Usamos la expresión “tragedia” líneas arriba. La aplicamos en uno de sus sentidos: el desenlace cruel prefigurado por las circunstancias previas. El accidente es una construcción social, una faceta extrema de la explotación capitalista que también se imprime en los cuerpos de las víctimas. 

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