OPINIÓN
Usos políticos e históricos de la acusación de corrupción 

Toda historia es contemporánea, reza una frase a la que los historia dores rendimos culto a la hora de mostrar la relevancia social de nuestra tarea. En ese camino, mi trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET me permitió desarrollar una investigación sobre la Comisión Nacional de Investigaciones. Se trata de una institución conformada por el golpe de Estado de 1955, cuyo objetivo fue detectar irregularidades durante la presidencia de Perón, gobierno que sus creadores habían contribuido a derrocar. No parece difícil entablar paralelismos entre esa experiencia y las acusaciones sobre corrupción que pesan hoy sobre Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno. Los mismos protagonistas, al conceptualizar estas denuncias como herramientas de persecución y proscripción de dirigentes populares, tejieron posibles comparaciones con el proceso que se había desarrollado sesenta años antes.

Aunque la diferencia entre transiciones políticas democráticas y dictatoriales no debería dejar de señalarse, los procedimientos de judicialización de la política y las asociaciones entre peronismo y corrupción fortalecen una comparación plagada de imágenes recurrentes. Durante el golpe de 1955 se cristalizó un conjunto de representaciones: tesoros ocultados, cajas de seguridad bajo tierra, dinero dilapidado en carteras o zapatos, empresarios enriquecidos a la sombra del poder político, arrepentidos y traidores, ministros y sindicalistas acaudalados, entre otras figuraciones que siguen dando forma a nuestra imaginación política.

Los denunciantes prefirieron ignorar esa línea de interpretación histórica y construyeron una alternativa para legitimarse. A mediados de 2014, varios miembros de la bancada radical presentaron un proyecto de ley para la creación de una Comisión Nacional de Ética Pública (CONAEP) que investigara los actos de corrupción durante el kirchnerismo. Ya desde el nombre fue evidente la intención de emparentar esta experiencia con la CONADEP, comisión que investigó las violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo durante la última dictadura cívico militar. En un mismo gesto, la iniciativa buscaba identificar a la corrupción como un delito de lesa humanidad, enfatizando que los sobornos eran menos escuelas, menos hospitales, menos bienestar para la sociedad. El macrismo retomó esta línea de interpretación cuando convirtió en slogan de campaña el “Nunca más” de la corrupción o promocionó la construcción de un jardín de infantes con el dinero de la “valija” de Antonini Wilson.

Pero mientras que las acusaciones de corrupción a políticos prosperaron y se multiplicaron al calor de la polarización, los empresarios continúan presentándose como “víctimas del corrupto mundo de la política”. En 1955, el New York Times daba cuenta de las presiones internacionales para liberar las interdicciones que congelaban las cuentas de varias empresas norteamericanas en Argentina. El cierre repentino de las investigaciones en abril de 1956 muestra que esas coacciones fueron efectivas. El fraude del Correo o el escándalo de los Panamá Papers revelan que las posibilidades de extender el significado de corrupción más allá de la noción de soborno, teniendo en cuenta los conflictos de intereses generados por las superposiciones entre intereses públicos y privados en el ejercicio del gobierno, siguen siendo objeto de disputa.

 

Silvana Ferreyra: Doctora en Historia, investigadora del CONICET y docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Autora del libro El peronismo denunciado (GEU- EUDEM).

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