Las dos policías de la Ciudad detenidas por el crimen de Claudio Hernán Romero, el remisero que la semana pasada fue asesinado de nueve balazos policiales en Villa Crespo, fueron beneficiadas con la prisión domiciliaria, mientras que el tercer agente involucrado y acusado por homicidio calificado seguirá detenido en un penal. La abogada querellante, María del Carmen Verdú, confirmó que un informe pericial del hecho demostró que la víctima fue ultimada mientras estaba incapacitada en el piso y sin el arma blanca con que habría agredido a los agentes. “Eran tres policías ¿y no tuvieron otro recurso que meterle nueve tiros?”, se preguntó.
En las últimas horas se conoció una filmación de una cámara de seguridad ubicada enfrente de la escena, que muestra un ángulo de cómo ocurrieron parte de los hechos aquel 1 de octubre, en Malabia al 900, del barrio porteño de Villa Crespo. Se lo ve a Romano bajando de su automóvil y dirigiéndose hacia el patrullero por la ventanilla del conductor. Allí, según el relato policial, habría herido a Ramón Pérez, de 39 años, el policía que estaba al volante, quien inmediatamente bajó y junto con las policías que estaban allí neutralizaron al hombre acribillándolo.
Las imágenes muestran que Romano cayó sobre el asfalto tras recibir algunos disparos y que, una vez tirado y herido en el piso, intentó incorporarse. En ese momento fue pateado, aparentemente para que soltase el arma, y volvió a recibir un disparo en el pecho que, según los peritajes, habría sido el letal.
“La patada fue totalmente innecesaria, el disparo en el pecho fue totalmente innecesario, todo lo que hicieron los policías fue totalmente innecesario porque Claudio estaba tirado en el piso desarmado, tenía disparos en la pelvis y en las piernas, y los policías no corrían riesgo”, cuestionó Lucía Sánchez Cáceres, la mujer de Romano, en diálogo con Página/12.
Las dos policías que fueron beneficiadas con la prisión domiciliaria, Beatriz Manzanelli, de 41 años, y la oficial Daniela López, de 32, fueron trasladadas a sus hogares por tener niños pequeños y lactantes, según lo decidió la jueza en lo Criminal y Correccional 49, Ángeles Gómez Maiorano. Ramón Pérez, el otro policía porteño, sigue preso con la misma imputación: homicidio calificado por ser miembro de una fuerza de seguridad.
“Entiendo que las policías tengan hijos y deban estar con ellos, pero en el momento de disparar no pensaron en sus hijos”, criticó Lucía, quien denunció las “graves irregularidades” del caso y pidió “prudencia” porque, a pesar de las imágenes de videos de seguridad ya difundidos, aún faltan otras tres filmaciones que tomaron el hecho de frente, más otras cámaras ubicadas a lo largo de la cuadra.
“El accionar fue innecesario e incompetente”
Lucía sostuvo que el “accionar policial fue innecesario e incompetente” y recordó que en las declaraciones testimoniales que los tres policías de la Ciudad brindaron ante la justicia hay “graves contradicciones”. Lucía siempre sospechó de todo. Ahora que se conocen los videos, mucho más. Aseguró que “Claudio no es de reaccionar así” y que “era una persona normal que trabajaba y que tenía planes para esa misma la tarde”.
Además, descartó “totalmente” la versión del supuesto “brote psicótico” y las heridas autoinfligidas que su esposo se habría hecho en su automóvil minutos antes de acercarse al patrullero y ser asesinado. “Se constataron lesiones en abdomen pero eran superficiales, sin perforar vísceras. No creo lo del brote psicótico”, dijo respecto de esas heridas y las manchas de sangre que se hallaron en el automóvil. “Hay que ver qué pasó antes del momento en que él llegó a la escena del crimen. A todo eso me lo están ocultando”, relató a este diario. “Aparte, cuando hay un caso de gatillo fácil, la policía siempre trata de ensuciar a la víctima”, puntualizó.
Para la abogada de la Correpi, María del Carmen Verdú, lo que ocurrió antes es importante pero es secundario. “Supongamos que, en la hipótesis más favorable para los policías, Romano tuvo un ataque o estaba intoxicado o cualquier otra cosa y decidió atacarlos ¿la única posibilidad que tuvieron era ocho tiros y rematarlo con otro mientras estaba tirado y neutralizado en el piso?”, planteó a Página/12.
Otra hipótesis sería que, antes de llegar a Malabia al 900, Romano haya tenido algún contrapunto con los policías y que por eso hubiera ido a increparlos al patrullero. “Podría ser –respondió Verdú-. Pero si así fuera, sería peor para los policías”, porque agravaría sus conductas. “Lo que ocurrió antes es importante pero no es determinante a la hora de analizar la responsabilidad penal de los policías”, sintetizó. “Eran tres policías ¿y no tuvieron otro recurso que meterle nueve tiros?”
“Está todo lleno de contradicciones”
Por otra parte, Lucía dijo desconocer el arma blanca que portaba su marido. “No era de él”, dijo e insistió en la necesidad de conocer los hechos previos. Por lo pronto, añadió, “lo que está claro es que las declaraciones de los policías no coinciden con el video que se acaba de conocer”.
Cuando los policías declararon ante la Justicia “no se pusieron de acuerdo en qué mano de Claudio estaba el arma ni quién disparó primero. Dos dijeron que Claudio no hablaba en el piso y uno dijo que sí. Está todo lleno de contradicciones”, dijo para ejemplificar solo algunas.
Ante la jueza, los agentes dijeron que actuaron "en legítima defensa" luego de que Romano los atacara con un cuchillo que hirió a Pérez, el conductor. Agregaron que le lanzó el arma a la oficial de calle López para lastimarla y que sólo respondieron a esa agresión disparándole en las piernas.
Verdú planteó dudas acerca de por qué la víctima tenía el arma blanca en la mano izquierda siendo diestro, y confirmó que el hombre recibió nueve impactos de bala pero se encontraron siete vainas. “Es difícil establecer la cronología de los disparos en la autopsia porque fueron en un período muy breve”, dijo y afirmó que “un informe pericial hecho sobre fotogramas de los videos advierte que después de la patada hubo un fogonazo del arma del chofer (Pérez), mientras Romano estaba tendido en el suelo con ocho disparos encima y el arma (blanca) tirada en la calle”, relató en declaraciones a los medios.
Para la abogada, “esto no es un exceso policial, es un homicidio calificado”. “La persona estaba absolutamente incapacitada y la remataron con un tiro en el pecho”, dijo y sostuvo que el crimen ocurrió “porque existe Resolución 956/18 firmado de Patricia Bullrich” que habilita a disparar antes de preguntar. Si bien esta norma rige para las fuerzas federales y no necesariamente para la Policía de la Ciudad, a la hora de aplicarla “está claro que entre las fuerzas de seguridad no hay ninguna grieta”.
