En una perspectiva histórica, debatir sobre medios públicos ha sido un fenómeno mucho más reciente de lo que se presupone y, en este sentido, es un síntoma de fortaleza ciudadana muy distinto al carácter decadente en el que se nos ha querido sumir como sociedad en los últimos años.

Hoy existen consensos básicos adquiridos: calidad, pluralidad, independencia, que necesitan trascender del ámbito de legitimidad discursiva y consolidar un modelo de desarrollo y fortalecimiento que le permitan salir de la actual de invisibilidad.

La gestión de los medios públicos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner ha sido la experiencia más potente y enriquecedora de toda su historia; pero, para un sector no menor de la sociedad, ha quedado estigmatizada por la idea, simplista pero efectiva, de que el Gobierno anterior “utilizó los medios públicos para perseguir opositores”. Esto produjo un clivaje que invisibilizó la puesta en valor y los logros con aumentos sostenidos de audiencias, reequipamiento tecnológico, récords de premios nacionales e internacionales a la vez que floreció una industria audiovisual pyme en todo el país.

El gobierno de Cambiemos, haciendo uso político de ese discurso, llevó adelante una política de vaciamiento, incentivando la modalidad del retiro voluntario y la jubilación anticipada y, sin ningún modelo de reestructuración planificado, terminó por quebrar las estructuras productivas, alimentando la contratación de personal eventual y la compra de producciones tercerizadas a través de una estructura paralelas y sin control como Contenidos Públicos S.E.

La política futura debe ser consensuada por todos los actores que participan activamente en la vida de los medios públicos. No sólo quienes forman parte de su construcción sino también aquellos que sienten legítimas aspiraciones por visibilizarse. Fuera de todo personalismo, el poder político, en tanto garante, puede sentar en una misma mesa a representantes de la industria audiovisual, sindicatos y productores, asociaciones y entidades, universidades, educadores y académicos. Porque resulta imprescindible definir una política de medios públicos que contemple las expectativas de todos.

En relación con las audiencias, la irrupción digital ha modificado la forma en que el hombre dialoga con el mundo. Hoy existen muchas audiencias que conviven en relación con la multiplicidad de sujetos. La comunicación pública debe repensar sus contenidos frente a este nuevo paradigma redefiniendo sus múltiples pantallas Una gran deuda pendiente sigue siendo la necesidad de diferenciar lo local, lo regional y lo nacional, así como la permanente irrupción de nuevos sujetos y la obligación de ser visibilizados no solo en lo discursivo sino en el desarrollo de nuevas narrativas.

El debate sobre el qué de los medios públicos tiene que dar lugar al cómo. Y en esta instancia es necesario incorporar nuevos criterios de eficiencia sustentabilidad e institucionalidad como principios ordenadores de una gestión. Cada vez que se menciona la palabra eficiencia nos remite a la posibilidad de discutir los convenios laborales, entendidos como obstáculo de modernización sin considerar que estos no sólo han sido una garantía en lo referido a derechos adquiridos sino también unos de los pilares sobre los que se construyó la industria audiovisual argentina y la excelencia de su talento. El avance tecnológico ha traído una mayor especialización en las tareas y ha obligado a mejorar la capacitación del capital humano y la organización del trabajo. Pero en una primera aproximación, podemos decir que las estructuras de producción de cada señal vigentes son compartimentos estancos y no dialogan a través de planes de complementariedad, haciéndolos redundantes, obsoletos y poco dinámicos. A modo de ejemplo: la posibilidad de pensar a la TVP como un poderoso centro de producción de programas de estudio con cuotas para cada pantalla parece una solución compleja pero absolutamente viable teniendo en cuenta su potencial tecnológico, humano y el actual estado ocioso de las instalaciones. Estos nuevos criterios de eficiencia también pueden intervenir activamente en la elaboración de contenidos, unificando las instancias de selección y los concursos audiovisuales. Hoy, tanto el INCAA como el SFMyCP no dialogan en políticas comunes.

El tema del financiamiento es un debate a nivel global y es una demanda de la sociedad, que exige mayor profesionalismo. En los últimos años, los canales de televisión han perdido la hegemonía y se han transformado en un eslabón más de una gran industria. Esto forzó a repensar nuevas políticas asociativas. Hoy la venta publicitaria no es suficiente para financiar contenidos. Por eso, los esquemas propuestos por las grandes empresas de streaming como por ejemplo Disney, Amazon, Netflix, entre otras, son una oportunidad no solo como clientes sino como socios. Por último, es fundamental reorganizar el andamiaje jurídico que dejó el desorden legal entre lo que queda de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la ley Argentina Digital, que regulaba los servicios de tecnologías de la información y la comunicación. Un debate serio, sin fantasmas ni sobreactuaciones donde la libertad de expresión sea entendida como un derecho inalienable y no se la banalice en pos de la defensa de otros intereses es una deuda pendiente.

Para concluir, estamos convencidos de que una sociedad que piensa sus medios públicos y les exige excelencia es una sociedad que se piensa a sí misma y, por lo tanto, se proyecta a futuro. Por eso, resulta imprescindible en este contexto preguntarnos, en tanto actores y sujetos, cuáles son nuestras expectativas acerca de ellos.