La jueza Servini dispuso suspender el pago de un bono
Revés para el clientelismo PRO
Eran 5 mil pesos que el Ministerio de Producción distribuía a través de punteros y candidatos entre 114 mil beneficiarios. 

La jueza María Servini puso freno a lo que consideró un posible intento por utilizar subsidios para desocupados para comprar o condicionar votos por parte del macrismo. En una resolución dispuso suspender el pago del bono de 5000 pesos que el Ministerio de Producción y Trabajo creó a través de una resolución interna con el objetivo de distribuirlo, a través de punteros y candidatos en distintos municipios, entre 114.000 beneficiarios. El Gobierno había destinado 650 millones de pesos específicamente para estos planes especiales que además, fueron creados dentro del período de veda electoral. Servini advirtió: “Esta situación podría redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de ciudadanos que sufren una injusta postergación en nuestro país, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a las autoridades que deberán regir los destinos del país en los próximos años; es decir, se verían obligados a votar a cambio de mantener ayuda social”.

La misma advertencia sobre la posible utilización de la situación de vulnerabilidad y desocupación de muchos ciudadanos, lo había hecho el fiscal electoral Jorge Di Lello, quien había dictaminado a favor de conceder la medida cautelar que pidió el Frente de Todos a través de una presentación de Jorge Landau. A la vez este planteo tomaba como base una investigación del periodista Mariano Martín, publicada en Ambito Financiero, quien reveló la existencia de la resolución 1177 de la secretaría de empleo –firmada por el titular, Fernando Prémoli-- que disponía el destino de los 650 millones a estos planes para desocupados que se cobrarían por una única vez con fecha tope el 8 de noviembre, aunque esta semana se empezaron a ejecutar los fondos.

La resolución de Servini les ordena al ministro de la Producción, Dante Sica, y al secretario Prémoli, que “se abstengan de disponer de los fondos de dicho Ministerio” hasta “pasadas las elecciones generales previstas para el día 27 de octubre próximo”. “Nos hallamos ante una inminente elección de nuestro próximos presidente de la República y de ser como se plantea en el marco de la denuncia de origen, podría haber condicionamientos a los votantes de nuestro país, a través del programa dispuesto por la resolución” en cuestión, dice el fallo, ya que a través de “una ayuda social legalmente ordenada, se otorgaría a cambio de apoyar al actual gobierno nacional”.

La utilización de estos subsidios fue señalada por intendentes peronistas como Francisco Durañona, de San Antonio de Areco, Juan Carlos Gasparini, de Roque Pérez, y Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, ya que recogieron en sus municipios relatos de ofrecimientos que en algunos casos incluso eran publicitados en redes sociales y ofrecidos en locales de Juntos por el Cambio. Un candidato a intendente de Areco, Francisco Ratto, reconoció incluso: “a nosotros nos solicitaron y nosotros accedimos a buscar beneficiarios”. Precisó que ofrecieron el plan a 200 personas y que no veía un problema en ese uso de fondos públicos.

La denuncia de Landau, firmada también por Gerónimo Ustarroz, señalaba también que el ministerio de la Producción ya contaba con un listado de beneficios a otorgar por distrito. Decía: “más de una cuarta parte irá a Lomas de Zamora, con 153 millones de pesos para el pago de unos 30.000 subsidios. El Partido de San Martín, es el segundo en importancia con 62 millones presupuestados para 12 mil planes… y otros distritos destacados son la provincia del Chaco con 37 millones de pesos y 7 mil subsidios; Formosa, con 34 millones para 6800; Rosario, con 30 millones y 6 mil; Santa Fe ($28 millones y 5600); Mar del Plata ($27 millones y 5400); Corrientes (26 millones y 5300). También fueron asignados recursos para La Plata, San Juan, Viedma, Neuquén, Entre Ríos, La Matanza, Catamarca y hasta Capital Federal, con un monto de 10 millones para el pago de 2000 subsidios”.

Por lo pronto, en la resolución de Servini se señalan posibles infracciones al Código Electoral, por la violación a la veda de actos de gobierno y utilización de la administración nacional para influir en el proceso electoral, y porque se podría advertir lo que determina el artículo 139, que prevé penas de uno a tres años de prisión para quien “compeliera a un electora a votar de manera determinada”. 

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