Desde Montevideo

En 15 años de gobiernos del Frente Amplio, Uruguay avanzó con una agenda de derechos: aborto legal, matrimonio igualitario, regulación del cannabis, ley de jornada laboral del peón rural, ley para empleadas domésticas, ley integral para personas trans.

Luis Lacalle Pou, diputado por el Partido Nacional desde el año 2000 –entonces tenía 26 años—y que en 2015 se instaló en el Senado, no votó ninguna de las mencionadas leyes. Hijo de una familia patricia, Lacalle Pou se define “muy creyente” y contrario al aborto. “Voté en contra todas las veces y creo que hay que trabajar para que no se produzcan más abortos” dijo a la agencia EFE.

El abogado recibido en la Universidad Católica sostiene que si pudiera volver el tiempo atrás, daría su apoyo al matrimonio igualitario. En una entrevista televisiva, Lacalle Pou se mostró a la defensiva diciendo que estuvo a favor de “14 de los 24 artículos de la Ley para personas trans”, pero, al mismo tiempo no podía justificar por qué no votó el artículo sobre la operación de cambio de sexo.

Desde el FA temen que los blancos, de llegar al poder, deroguen las leyes de derechos. Daniel Martínez les preguntó a los simpatizantes: “¿qué garantías tenemos que no habrá retrocesos?”.

El estudiante de Diseño gráfico, Santiago Ripa, con cigarro de marihuana en mano, explica a esta cronista por qué votó al socialista Martínez. “Mis padres fueron de izquierda durante la dictadura. En 15 años de gobierno se ha logrado equidad, mejorar la salud y la educación. Claro que falta mucho por hacer, ta”. Ripa, de 26 años, votó por segunda vez y en ambos casos por el FA. “Lacalle Pou quiere bajar cupos en educación. Representa a los de arriba”.

Como este joven estudiante, desde 2014 se registraron 48.296 personas en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Según las cifras oficiales, son 37.890 adherentes en farmacia, 7513 por cultivo doméstico y 3896 miembros de clubes.

La Ley de regulación de producción, venta y consumo de marihuana se sancionó en diciembre de 2013 sólo con los votos del bloque frenteamplista. El senador blanco Jorge Larrañaga sostuvo entonces: “Uruguay se va a convertir en territorio liberado”.

El exintendente de Montevideo, Mariano Arana, brindó en diálogo con Página/12 otros ejemplos de la nutrida agenda social. “No fueron sensibles los que dijeron que tradicionalmente apoyaban el trabajo del campo. ¿Cuándo se acordaron de los peones rurales? Si no hubiera sido por el Frente Amplio nadie se acordaba de ellos”. El referente frenteamplista se refería a la Ley 18.441 del año 2008 que limitó la jornada laboral de los peones rurales a máximo 8 horas diaria y estableció el pago de horas extras. Arana sostuvo también: “Mi madre trabajó en el servicio doméstico, sometida a múltiples arbitrariedades y barbaries. Por primera vez las empleadas domésticas tienen una ley que las proteja“, dijo en alusión a la norma sancionada en 2006.

Sin embargo, persiste una deuda con los derechos humanos. El Frente no logró derogar la Ley de Caducidad y se mantiene intacto el pacto de silencio en las altas jerarquías militares. El excomandante del Ejército, Guido Manini Ríos ocultó a la justicia penal la confesión del represor José Nino Gavazzo sobre la desaparición de Roberto Gomensoro en 1973. Gavazzo había sido exculpado en la causa por falta de pruebas. Por eso, Tabaré Vázquez destituyó a Manini Ríos en marzo de este año. “En Uruguay solamente un pequeño grupo de criminales estatales ha sido juzgado y condenado”, señaló Crysol, Asociación de ex presos y presas políticas.

Macarena Gelman, nieta del poeta argentino e hija restituida de María Claudia García Iruretagoyena y Marcelo Gelman, desaparecidos por el Plan Cóndor, advirtió en una entrevista radial: “las políticas de los gobiernos que no fueron del Frente Amplio han sido bloqueadoras en cuanto a las búsquedas de desaparecidos. Volverían dificultades que hoy estamos sorteando”. En marzo de 2012, durante el gobierno de José Mujica, el Estado uruguayo pidió perdón a las víctimas de la dictadura tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Gelman.