"Apagaron las llamas y no quedó absolutamente nada en pie". Con la voz aún compungida, Pablo Pimentel comentó que el incendio de la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza comenzó el domingo a la noche, y que destruyó todo: mobiliario, herramientas, materiales de construcción, cuadros, libros y documentos de trabajo. Una persona fue identificada.
Según dijo, pudo haber tenido múltiples motivos, que van desde un acto de vandalismo de vecinos que ocasionalmente los cometen en estado de ebriedad hasta un ataque político por la índole de las denuncias que ese organismo de derechos humanos lleva adelante sobre violencia institucional y abusos policiales. Decenas de organizaciones de derechos humanos expresaron su solidaridad.
"Cada vez que nos pasó algo similar lo hemos denunciado, pero esto sigue pasando por la nula seriedad con que se han tomado las denuncias que hizo la APDH en la Justicia local. En 2015 nos amenazaron, a una de mis hijas también, no hubo ninguna investigación al respecto cuando estuvo en riesgo nuestra vida. Y tampoco cuando nos plantaron una bolsa llena de balas, como mensaje mafioso cuando estábamos en medio de una investigación", explicó Pimentel. "Por eso esto responde a la indiferencia a nosotros, ciudadanos de a pie, y la inexistente voluntad política de los gobiernos nacional, provincial y municipal, nunca nos escucharon", agregó.
La dirección nacional de la APDH realizó en junio una denuncia contra la ministra Patricia Bullrich y parte de su gabinete, que el viernes tuvo dictamen favorable por parte del fiscal federal Franco Picardi, para investigar el armado de un posible plan para reprimir y perseguir a la comunidad mapuche. "Pensamos que podría ser, la APDH nuestra es una de las más expuestas por el lugar donde estamos. Hay un persona identificada a partir de un testigo que será indagado, quizás surja algo de allí. La APDH quedó muy expuesta al hacer este tipo de denuncias", completó Pimentel, quien acompañó desde el primer día a la familia de Luciano Arruga cuando desapareció, en enero de 2009.
Entre lo destruido había cuadros, mobiliario y libros, pero se salvó una carpeta con las denuncias que recibieron este año, algunas muy sensibles sobre asuntos de violencia de género y violencia institucional, porque estaban en otro sitio. Se quemaron fotografías de valor afectivo de personas queridas para quienes militan allí, familiares de víctimas.
La APDH de Esquel fue el primer organismo en presentar un habeas corpus ante la desaparición de Santiago Maldonado, el 2 de agosto de 2017, y fueron sus integrantes quienes exigieron en el lugar explicaciones a Gendarmería, sin éxito.
