La denuncia por animales muertos en San Luis, una delegación municipal de Salta Capital, generó alarma en la población. La investigación de la Justicia concluyó que se utilizó carbofurán, uno de los pesticidas de carbamato más tóxicos y cuyo uso se encuentra prohibido en la Argentina. Aunque falta realizar estudios complementarios, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), confirmó que este fue el veneno utilizado para matar a los animales a través de carne contaminada.

Pero los conflictos que se generan por la utilización de los agroquímicos no se limitan a este caso. Mariana Schimdt, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Conicet e integrante del Grupo de Estudios Ambientales del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), dio a conocer los primeros resultados de la investigación “Riesgos e impactos socio-sanitarios de las fumigaciones con agroquímicos en las provincias de Salta, Santiago del Estero y Santa Fe”. El estudio fue realizado con el apoyo de las becas de Salud Investiga “Dr. Abraham Sonis” otorgadas por la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación a través de la Dirección de Investigación para la Salud. 

Schmidt es coordinadora de una investigación en la que además del Gino Germaniy la UBA también participan investigadores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf).

De la investigación surge que de fuentes secundarias (informes de instituciones, denuncias en la Justicia, organismos públicos, policía, investigaciones académicas, causas judiciales y publicaciones en medios de difusión), en 17 años se detectaron en Salta 83 “eventos y situaciones conflictivas relativas al uso, aplicación y almacenamiento de agroquímicos”, dijo la investigadora. El relevamiento en las tres provincias da como resultado 232 casos de situaciones de conflictos (127 en Santa Fe y 22 en Santiago del Estero, además de los 83 de Salta). Se aclaró que en el caso de Santa Fe los datos se extienden en un período que va de 1994 a 2018.

Los datos fueron expuestos en un panel sobre deforestación y agrotóxicos organizado por la cátedras de Antropología Política y de Antropología Rural y la Cátedra Abierta de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). 

Schmidt aclaró que estos son los eventos de los que se logró tener conocimiento, es decir que pueden haber ocurrido otros que no fueron registrados. En Salta mayor cantidad de casos se concentra en los departamentos San Martín, Orán, Anta y Metán.

Del análisis surge que entre las poblaciones afectadas un 39% fueron pueblos originarios, el 35% son poblaciones urbanas o difusas; el 9% son trabajadores de las fincas, y el 6%, miembros del campesinado o de la agricultura familiar. También aparece la afectación en el ámbito educativo con el 1%.

De los casos analizados, se pudo establecer que el 78% de los actores demandados fue del sector privado. En un 10% de los casos fue demandada la provincia por la falta de control y monitoreo del uso de agroquímicos. Para la investigadora, en Salta “estos conflictos se encuentran en gran medida invisibilizados”.

Argentina, el país del glifosato

Los datos estadísticos posicionan a la Argentina como el país con más ingreso de glifosato. Se estima que por año ingresan 500 millones de litros/kilogramos del agroquímico que afecta directa e indirectamente a 13 millones de personas. En aquellas provincias con un índice de mayor fumigación (como Salta), se calculan 15 litros/kilogramos por persona por año.

Gladys García, la otra exponente del panel, indicó que en 2017 ingresaron al país tres millones 800 mil toneladas de glifosato. En comparación, mientras en Estados Unidos se calculan 0.42 litros de glifosato por habitante, en la Argentina este índice sube al 4.3 litros por habitante.

Schimdt sostuvo que estos son datos oficiales de las cámaras empresariales. Sin embargo, estimaciones realizadas por otras instituciones como la Red de Pueblos Fumigados hablan de números mucho mayores.