La Cámara del Crimen porteña confirmó los procesamientos por homicidio agravado de los tres policías de la Ciudad que, a principios de octubre, mataron de 8 disparos al remisero Claudio Romano. 

Los integrantes de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones desestimaron los argumentos de la defensa del Ministerio de Seguridad porteño, que pretendió enmarcar el homicidio como un caso de "legítima defensa", y ratificó que "los disparos contra un hombre herido de bala, tendido en el suelo, fueron completamente innecesarios". 

"Sin duda hubo alternativas de actuar de otro modo; podrían haber utilizado gas pimienta, la tonfa o esposas, solicitar refuerzos o incluso alejarse", describió en su fallo la Sala VI respecto del accionar de la inspectora Beatriz Manzanelli, la oficial Daniela López y el oficial primero Ramón Pérez, integrantes de la comisaría 15B, que gozan del beneficio de la excarcelación . 

El homicidio ocurrió el 1 de octubre pasado en Villa Crespo, cuando el remisero detuvo su auto detrás del patrullero en el que estaban los oficiales Manzanelli y Pérez. Romano, quien se encontraba ensangrentado cuando llegó al lugar, atacó inesperadamente con una navaja a Pérez a través de la ventana y luego avanzó para ir sobre el lugar que ocupaba Manzanelli, que ya había salido del auto y logró herirlo de un disparo en la pierna. 

Romano quedó tendido en el suelo 30 segundos, mientras López revisaba la altura de la calle en la que se encontraban, Manzanelli hacía un llamado por radio y Pérez revisaba sus heridas. Inmediatamente después, los policías rodearon a Romano y Pérez le pateó la cabeza cuando intentó incorporarse. Pocos segundos más tarde, el remisero hace un nuevo intento y recibe otros dos disparos de Manzanelli y López. El hombre vuelve a caer y, a pesar de que arroja su cuchillo, los policías le disparan otras cinco veces.  

Toda la secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad . La jueza de instrucción Angeles Gómez Maiorano analizó el video y fragmentó lo sucedido en dos episodios. En el primero se producen los tres primeros disparos, que la jueza consideró "legítima defensa", pero en el segundo episodio la agresión de los policías continúa, por lo cual  les imputa "homicidio agravado". 

La defensa del Ministerio de Seguridad porteño intentó que la prueba se analizara como un único episodio, sin la fragmentación realizada por Maiorano. Sin embargo, la Sala VI resaltó que lo ocurrido "no fue instantáneo y tuvo varios actores con roles particulares". En cuanto al "nerviosismo" alegado por la defensa, los jueces insistieron en que "había pasado un lapso considerable, Romano estaba herido y la corta distancia a la que hacen referencia los funcionarios como fue propuesta por ellos". "Bastaba con que se alejaran pocos metros para neutralizar toda amenaza", indicaron los magistrados.  

"El problema se presenta una vez que Romano queda inmóvil en el suelo, con su capacidad ofensiva sumamente reducida y, aún así, los disparos sobre él no sólo continuaron, sino que se multiplicaron", sintetizaron los magistrados Julio Marcelo Lucini, Mariano González Palazzo y Magdalena Laíño, quienes resaltaron que "su condición de policías en servicio, con varios años de antigüedad y entrenamiento" ameritaba "más diligencia y moderación".

La Sala VI también rechazó otros argumentos, "errados" o "meras suposiciones" de la defensa policial, entre ellos la hipótesis de que la víctima hubiera buscado que alguien terminara con su vida, que se tratara de "suicidio por transferencia".

María del Carmen Verdú, abogada del padre de la víctima, Ramón Romano, valoró el fallo de la Sala VI ante la incertidumbre que representaba el alegato de "legítima defensa" presentado por el Gobierno porteño ante la misma sala que, en 2018, cambió la carátula del caso Chocobar de  "homicidio agravado en exceso de legítima defensa"  a "homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber"​.

"No teníamos certezas hasta ver el fallo", advirtió Verdú, quien señaló que es la misma Cámara que le otorgó la excarcelación a los policías acusados, aunque en el caso de la inspectora Beatriz Manzanelli y la oficial Daniela López por tratarse de madres de niños lactantes. 

Confirmado el procesamiento de los tres policías, restan los resultados de algunos estudios toxicológicos o las eventuales nuevas prueba que quisiera agregar la jueza de primera instancia, antes de cerrar la instrucción y elevar la causa a juicio oral.