Producción: Tomás Lukin
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Acuerdos precio-salarios
Por Federico Pastrana* y David Trajtemberg**
Frente al escenario abierto con los resultados de las elecciones parece relevante plantear algunos desafíos que afrontará el nuevo gobierno. Por un lado, las demandas de los trabajadores en términos de empleo y salarios no satisfechas en los últimos años, en el marco de la fuerte crisis económica. Por otro, las dificultades a nivel macroeconómico requieren articular recomposiciones del salario real con un esquema que tienda a bajar nominalidades y estirar los plazos de los contratos salariales para evitar caer en una espiralización del proceso inflacionario. En este proceso es central el papel asignado a la negociación colectiva para coordinar expectativas en un proceso de negociación que se encuentra fragmentado en múltiples unidades pero que puede coordinarse, especialmente si se logra avanzar en el marco de un acuerdo de precios y salarios que acompañe una dinámica de crecimiento de la producción, la productividad y el empleo.
La inestabilidad macroeconómica vinculada con el cambio de modelo ocurrido desde fines de 2015 afectó a las principales variables del mercado de trabajo: aumentó el desempleo, cayó el empleo registrado, creció la precarización y bajó la participación del empleo industrial. La negociación colectica mantuvo una apariencia de estabilidad institucional formal. Sin embargo, atravesó un proceso de debilitamiento como consecuencia de la reducción de su cobertura y del número de convenios y acuerdos homologados, así como de la intromisión del gobierno en la autonomía de los procesos de negociación para reducir la demanda de incremento salarial.
Entre 2015 y 2019, se produjo una caída del salario real que se estima superará el 20% entre las puntas del período. Esto implica un escenario novedoso en la historia argentina: a diferencia de crisis precedentes (1976, 1981, 2001/2002), la fuerte reducción del salario real se lleva adelante manteniendo vigente los procesos de negociación colectiva sectorial. El desplome del salario real se puede entender, entonces, como resultado de la aceleración inflacionaria, del aumento del desempleo y de la recesión, en un contexto en el cual siguió operando la negociación colectiva.
La sucesión de shocks devaluatorios y el sostenimiento de una inflación acelerada durante 2018 y 2019 impulsó cambios en la dinámica de los actores en los procesos de negociación colectiva. La aceleración de precios no prevista y su sostenimiento llevaron al acortamiento en los plazos de los contratos. Cuando difieren las previsiones de inflación en relación con la inflación efectiva, dada la rápida e importante pérdida de poder adquisitivo, los sindicatos piden rediscutir los términos acordados originalmente, lo cual lleva a renegociaciones y contratos más cortos.
La alteración en el carácter de las negociaciones salariales en los últimos tiempos se puede evidenciar a partir de dos procesos. Por un lado, se reabrieron las paritarias. En 2016 y 2018, cuando se aceleró la inflación, alejándose de las previsiones oficiales, se reabrieron las negociaciones: en lugar de una paritaria anual, en 2016 hubo un promedio de 2 negociaciones por convenio en el año y en 2018, de 3. Por otro lado, los aumentos fueron más frecuentes, es decir, se acortó el período en el que el salario se fija en un mismo nivel. En 2013, sólo el 8 por ciento de los convenios de mayor cobertura tenían 4 o más aumentos en el año. Ese porcentaje pasó a 24 por ciento de los convenios en 2016. En 2018, todos los convenios analizados tuvieron más de 4 aumentos en el año.
Tanto la reapertura de las paritarias como la mayor frecuencia de los aumentos en los últimos años llevaron a aumentar la inercia inflacionaria. Es decir, no solamente los salarios crecieron más velozmente sino que lo hicieron con mayor frecuencia, incorporando más rápidamente la inflación pasada en la presente. A pesar de este comportamiento, la caída de los salarios reales fue generalizada. Es decir, aumentos más frecuentes no implicaron un mayor salario real sino apenas una estrategia defensiva. Esta situación resalta la importancia de encontrar un mecanismo nuevo que permita frenar la dinámica actual y poder establecer un sendero que sea sostenible, permita recuperar el poder adquisitivo y, al mismo tiempo, pueda dar mayor certidumbre a futuro ampliando los períodos de negociación. Estos mecanismos creemos que están en la esencia de los acuerdos precio-salario.
*Economista UBA y Docente UNGS.
**Economista UBA y Profesor UNLAM.
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Plata en el bolsillo
Por Emiliano Colombo y Alejandro Robba***
Un estudio reciente del FMI pone en duda una de las principales recomendaciones de la teoría económica convencional sobre el rol determinante de los recortes impositivos para que los empresarios incrementen la inversión productiva. El documento analiza las medidas implementadas por el gobierno de Estados Unidos mediante la Ley de Reducción de Impuestos y Empleo. Muestra que la aceleración de la inversión fue mayor a la esperada y sostiene que la expansión no se explica por una reducción del costo del capital (rebaja de 35 a 21 por ciento en la alícuota del impuesto a las Ganancias). Entre el cuarto trimestre de 2018 en relación al mismo periodo de 2017, la inversión no residencial (productiva) fue 3,5 puntos porcentuales mayor a la expansión estimada en base al recorte impositivo. Detrás de esa sobre expansión fue la expectativa de una suba en la demanda agregada mayor a la proyectada.
El mayor ingreso disponible de la población norteamericana, producto de menores pagos de impuestos sobre la renta personal, sumado al incremento en los límites de la deuda pública que permitieron una expansión del gasto estatal desató expectativas de una expansión de la demanda interna mayor a la proyectada, alentando el proceso inversor. Una encuesta realizada entre grandes y pequeñas empresas de ese país mostró que sólo entre el 10 y 25 por ciento atribuyen sus aumentos planificados en la inversión al cambio impositivo impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.
En Argentina, el recorte impositivo aprobado en 2017 por el Congreso de la Nación a propuesta del gobierno de Mauricio Macri, redujo el impuesto a las Ganancias para las empresas desde el 35 al 30 por ciento (2018-2019) para luego caer al 25 por ciento a partir del año que viene. En “La reforma tributaria Argentina de 2017” las autoridades argentinas plantean que la tasa de inversión es de las más bajas de América Latina y que el impuesto a las ganancias que pagan las empresas en nuestro país está por encima del promedio de América Latina (31,5 por ciento) y de los países de la OCDE (31 por ciento). Por lo tanto, se alega que la reducción impositiva alentaría la inversión local y promovería la inversión extranjera, redundando en una expansión de los gastos de capital.
La realidad ha sido muy dura con las expectativas oficiales en cuanto al desarrollo de la inversión y de la economía en su conjunto. El PBI entre el segundo trimestre de 2017 y el mismo trimestre de 2019, se redujo un 3,2 por ciento, y la inversión productiva que excluye la construcción se desplomó un 27 por ciento. La tasa de inversión que se ubicaba en el 19 por ciento del producto en el segundo trimestre de 2017 cayó 2,5 puntos porcentuales al 16,5 por ciento en el mismo trimestre de 2019.
Por lo tanto, si la baja de impuestos no ha impactado favorablemente sobre la inversión, ¿no deberíamos buscar explicaciones por otro lado? En efecto, en un círculo vicioso sin fin, el poder adquisitivo del salario del sector privado registrado acumuló en el mismo periodo una reducción de 9 por ciento. Como consecuencia obvia para una economía que basa su crecimiento en el mercado interno, el consumo privado se desplomó 7,7 por ciento en el mismo lapso, en tanto las importaciones se redujeron 19 por ciento a causa de la recesión programada a partir del programa de austeridad pactado con el FMI. Es decir, el colapso de la demanda doméstica determinó la fuerte caída de las importaciones, entre las que se destacan los rubros asociados a la inversión productiva doméstica. La reducción en el uso de la capacidad instalada permite sostener que los empresarios, lejos de alentar la inversión, bajaron la intensidad del uso de capacidad productiva ante el colapso de las ventas de sus productos.
Por lo tanto, los recortes impositivos aprobados en 2017 no solo no aumentaron la inversión sino que desfinanciaron al Estado. Alejaron al gobierno de sus objetivos fiscales y podrían haber mejorado en algo la alicaída rentabilidad empresaria. Nunca es muy prudente comparar economías tan diferentes, aunque es cierto que en Estados Unidos y Argentina el mercado interno es el motor del crecimiento. Si los funcionarios del FMI hicieran el estudio similar para Argentina llegarían a conclusiones similares: no son los recortes impositivos ni los de los salarios, los que provocan el relanzamiento de la inversión, sino la suba previa de la demanda efectiva. En el caso de la baja de salarios, es justamente al revés: mejores salarios significan más ventas y más ventas, si son persistentes en el tiempo, explican primero caídas de stocks, luego una mayor intensidad en la utilización de la capacidad instalada y en el mediano plazo, una mejora en la inversión.
Por eso, si lo que se quiere es acelerar la inversión, se debe comenzar por “ponerle plata en el bolsillo a la gente”, que cuando la economía crece, se dan cita efectos de aprendizaje, dinámica productiva, innovaciones blandas y mejoras de productividad, que una baja de impuestos estaría muy lejos de lograr.
***Economistas de la Universidad Nacional de Moreno.
