Un derecho humano que no se puede limitar
Imagen: Gala Abramovich

La Secretaría de Gobierno de Salud y ex ministerio emitió una resolución, luego de una nota firmada en abril por más de 50 organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) y sindicatos, que pone fin a las interpretaciones restrictivas de las obras sociales y prepagas, y garantiza que la cobertura de los tratamientos hormonales para personas trans deberá ser cien por ciento gratuita.

Este representa uno de los pocos avances que desde el movimiento de las diversidades sexuales e identidades de género no hegemónicas pudimos lograr en estos 4 años de un gobierno que desmanteló las políticas públicas globales y específicas. El otro es la inclusión en el Censo poblacional 2020 de las diversidades familiares y la identidad de género.

En verdad, la Ley de Identidad de Género y su decreto reglamentario ya obligaban a los agentes de la salud a garantizar los tratamientos de las personas trans de manera integral, pero las obras sociales o las prepagas se niegan y ofrecen coberturas de entre el 40 por ciento y el 70 por ciento, o reintegros.

A 7 años de la aprobación de la Ley de Identidad de Género, sin embargo, la situación en general del acceso a la salud de la población trans sigue siendo una deuda en este país. Persisten obstáculos para acceder a un trato digno, se exigen informes psicológicos o psiquiátricos prohibidos, se estigmatiza a quienes viven con VIH, no existen protocolos de atención, y se retrocedió respecto a las niñas, niños y adolescentes trans.

 

La identidad de género, su expresión, la adecuación corporal si así se lo desea y el acceso integral a la salud forman parte de un paradigma de derechos humanos que revolucionó el sistema binario y biologicista. El sistema de salud y de justicia, aún obstaculizan estos cambios y por ello es muy valiosa esta posición de la máxima autoridad sanitaria, en un contexto además de violencia extrema con travesticidios y transfemicidios “sociales” que encuentran su causa en la falta de acceso a la educación, salud y trabajo. 

Florencia Feldman es presidenta de 100% Diversidad y Derechos. Marcela Tobaldi es presidenta de La Rosa Naranja.

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