Mientras la política demora el tratamiento de un pedido de juicio político en su contra, el aún fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, perdió otro round en la Justicia luego de que la Cámara Federal de San Martín confirmara su procesamiento por delitos de lesa humanidad. En abril pasado, la jueza Alicia Vence había considerado probada su participación en el secuestro y las torturas aplicadas a tres militantes comunistas durante la última dictadura. Entonces, Fernández Garello integraba el staff de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba).

La sala 1 de la Cámara Federal de San Martín rechazó los pedidos de nulidad y apelaciones interpuestos por la defensa del fiscal general de Mar del Plata a la decisión de la jueza de primera instancia y confirmó su procesamiento y el de otros seis agentes de inteligencia por la participación en crímenes de lesa humanidad.

En abril pasado, Vence los había imputado por su participación en la privación ilegal de la libertad y tormentos de los militantes del Partido Comunista Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Duarte y José Seitor, sucedidos en el marco de un operativo genocida coordinado entre oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo el 23 de julio de 1981. Entonces, Fernández Garello era oficial subinspector de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba).

La Comisión Provincial por la Memoria, que denunció a Fernández Garello por integrar el grupo de tareas que participó de aquel operativo amparada en información registrada en el archivo de la Dippba y reclama desde entonces la suspensión y el apartamiento del jefe de los fiscales marplatenses de su función, considera que tras la decisión de la Cámara “no hay más margen de maniobra ni lugar para nuevas estrategias dilatorias que sigan garantizando la impunidad del fiscal” e insiste en su destitución a través de un juicio político. El trámite volvió a quedar trunco luego de que fracasara otro intento, el viernes pasado, de tratarlo por falta de quórum tras la ausencia de legisladores provinciales de Cambiemos y Frente Renovador. “Una persona procesada por delitos de lesa humanidad no puede cumplir funciones en un poder de la democracia”, sostuvieron desde el organismo.

El pedido de juicio político en contra de Fernández Garello recibió un primer revés en noviembre de 2018, cuando el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires decidió archivarlo sin ni siquiera abrir una investigación. La situación se reactivó después de los procesamientos dictados en la primera instancia judicial de San Martín en abril pasado. Cinco meses después, un nuevo pedido de la CPM provocó la reunión de un nuevo jurado para evaluar la realización del jury. Allí quedó evidenciada la protección política con la que cuenta Fernández Garello: por un lado, hubo entonces, también, falta de quórum debido al faltazo de diputados y senadores oficialistas y aliados; por otro, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, deslindó en su dictamen al fiscal de las acusaciones en su contra.

La reciente decisión de la Cámara habilitaría un nuevo intento de que el pedido de juicio político prospere antes de fin de año, esperan en la CPM. En su fallo, la alzada reconoce que existen en la investigación judicial pruebas suficientes para avanzar con el proceso y llegar a la instancia del juicio oral y público en contra de Fernández Garello y los otros seis acusados. Entre las pruebas aportadas, los jueces de la Cámara destacaron el valor del testimonio de los sobrevivientes, la coincidencia entre sus declaraciones y los registros que figuran en el archivo de la Dippba, aportados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) cuando impulsó la causa penal.