Macri y Dietrich están investigados por el pago a Autopistas del Sol
Una prueba clave en la causa peajes
La Justicia finalmente recibió el dictamen que había emitido el ex procurador Carlos Balbín, en el que rechazaba por "prescripto" el reclamo iniciado contra la Argentina en el Ciadi. A pesar de ese documento, el gobierno de Mauricio Macri le pagó 500 millones de dólares a la empresa Ausol, de la cual el Presidente era socio y accionista.

Después de meses de inacción, finalmente la Procuración del Tesoro entregó a la Justicia una prueba clave para la causa que investiga los negociados de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste. Hacía varios meses que el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral le reclamaba al Gobierno de Mauricio Macri el dictamen que había emitido el ex jefe de los abogados del Estado, Carlos Balbín, ante el Ciadi. Balbín declarará este miércoles en Comodoro Py.

En ese documento se le reclamaba al tribunal internacional la bifurcación del caso que se había abierto tras la demanda presentada por la controlante de ambas empresas -la española Abertis- contra la Argentina por 1.721 millones de dólares. El pedido de bifurcación apuntaba a que el Ciadi investigara la cuestión de fondo, pero al mismo tiempo abriera un expediente para establecer si correspondía o no que interviniera en el caso, teniendo en cuenta que las concesionarias no habían agotado las instancias judiciales locales. Además, Balbín rechazaba de plano el pleito por entender que el reclamo empresarial estaba “prescripto”, por lo tanto, mucho menos avalaría un pago.

El dictamen que el Gobierno se negaba a entregar podría comprometer seriamente al Ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al propio Mauricio Macri, quienes están acusados de haber actuado en connivencia con Autopistas del Sol S.A., -de la cual el Presidente saliente era socio y accionista– para arrancarle al Estado 500 millones de dólares a cambio de levantar aquella demanda ante el Ciadi. Es decir, que esa denuncia podría haber sido una gran puesta en escena para lograr el pago millonario, sin auditorías previas y en tiempo record. Tal vez por ese motivo el sucesor de Balbín en la Procuración, Bernardo Saravia Frías - abogado de la familia Macri y miembro de la mesa judicial de Cambiemos- demoró durante cinco meses la entrega de ese documento.

Según pudo saber Página/12, dos hombres de la Procuración del Tesoro se presentaron este martes en el Juzgado de Instrucción número 6 y entregaron un pendrive con el dictamen firmado por Balbín, fechado en febrero de 2017, en el que rechazaba el reclamo de Abertis. Un mes después, Macri le pidió la renuncia y nombró en su lugar al histórico abogado de su familia.

Finalmente, la entrega de la prueba requerida por la Justicia llegó un día antes de la declaración de Balbín como testigo en el expediente. Este miércoles, el ex jefe de los abogados del Estado presentará un escrito y responderá un cuestionario elaborado por el juzgado.

En una semana con muchos movimientos en la causa, este jueves declarará otro testigo que podría abrir nuevas aristas en la investigación. Se trata de Gustavo Gentili, el ex Director del extinto Órgano de Control de la Concesiones Viales (Occovi), quien firmó en 2015 dos informes reservados -revelados por este diario- que fueron ignorados en su momento por la gestión de Javier Iguacel a cargo de Vialidad Nacional. Los estudios sobre la situación de la concesionaria del Acceso Norte eran lapidarios: señalaban maniobras de evasión impositiva, distribución encubierta de dividendos, obras incumplidas y endeudamiento temerario, al tiempo que rechazaban la compensación millonaria que reclamaba la firma. Sin embargo, cuando asumió el macrismo, las nuevas autoridades de Vialidad desoyeron esos expedientes internos y la concesión de Ausol debía haberse caído por los graves incumplimientos. Sin embargo, consiguió el levantamiento de la intervención -que había sido impuesta en la gestión anterior-, la prórroga del contrato por decreto con múltiples beneficios y el reconocimiento de los 500 millones de dólares por parte del Estado por supuestas inversiones no amortizadas.

Los dos informes, con fecha 29 de mayo de 2015 y 6 de noviembre de ese mismo año, llegaron al juzgado de Canicoba Corral y fueron sumados al expediente a partir de una ampliación de denuncia presentada por el Diputado Rodolfo Tailhade, quien reclamó que Gentili declarara bajo juramento. La cita para el ex funcionario está pautada para este jueves a las 11 de la mañana, en el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py. 

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