La ONG Salvemos al Fútbol suele realizar estudios académicos que producen sentido con una mirada opuesta a la subjetividad dominante que entroniza el Estado. Si ese Estado fue el que gobernó Mauricio Macri durante los últimos cuatro años, podría afirmarse que "la doctrina Chocobar se trasladó a todos los ámbitos", dice el presidente de la organización, Mariano Bergés. "El problema de la violencia en el fútbol hoy" – así se titula un informe de octubre pasado– tiene la vigencia de una radiografía actual, pero apoyándose en un trabajo de campo que se proyecta hasta la vuelta de la democracia en 1983. Lo realizó un equipo de especialistas entre quienes están dos experimentados investigadores como Diego Murzi y Federico Czesli que, sin prescindir del análisis de otras etapas, desarrollaron con bastante detalle el período 2016-2019 que definieron como "paradigma de la prohibición y la represión".
El texto de 23 carillas no tuvo la repercusión que se merecía, pero a casi dos semanas de terminar el año, debería ser la bitácora para proyectar la política por venir, a menudo sesgada a comprender el problema de la violencia en el fútbol –y en el deporte en general– como una cuestión ceñida a las "barras bravas" y no a un problema multicausal.
"La novedad respecto a gestiones anteriores –que también partían de la lectura metonímica entre violencia en el fútbol y barras bravas– es que este Gobierno caracterizó por primera vez a las barras como "criminalidad organizada", emparentándolas a otras organizaciones –como el narcotráfico– , y privilegiando su perfil mercantil por sobre los otros elementos que las componen (honor, masculinidad, aguante, fiesta, etc.). La importancia que la gestión Macri le asignó a la violencia en el fútbol se hizo patente a partir de las múltiples intervenciones de la ministra Bullrich en cuestiones vinculadas a la temática…", dice el diagnóstico de los especialistas.
Bergés, quien fuera juez de instrucción y tuvo en sus manos una megacausa sobre violencia en el fútbol, le señaló a Página/12 que "el gobierno de Mauricio Macri fue en materia de seguridad un gobierno marketinero que hizo mucho hincapié en subirle la autoestima a la policía y permitirle una cantidad de excesos que trajeron muertes y que nos va a costar a partir de ahora quitarlas porque el policía se siente parte de esa situación generada y eso trae arbitrariedades en las canchas de fútbol. Creo que vamos a tener que trabajar mucho en modificar los comportamientos abusivos de estos últimos cuatro años".
En otro tramo del texto se sostiene que "Cambiemos trabajó exclusivamente bajo la lógica de la prohibición, con la premisa de que el hincha de fútbol es un sujeto potencialmente peligroso que debe ser controlado, y no un sujeto de derechos que debe ser cuidado. Así, la política pública nacional central de la gestión (el dispositivo 'Tribuna Segura') consistió en añadir un nuevo control al espacio ya hipervigilado del estadio".
Una de las conclusiones importantes a las que arribó la investigación de la ONG es que la política del gobierno que acaba de irse "implicó que en los estadios argentinos, y en particular en los de la Provincia de Buenos Aires, se haya perdido calidad democrática para los espectadores. En este sentido, en los últimos años crecieron fuertemente las denuncias sobre arbitrariedades y maltrato de la Policía Bonaerense sobre los hinchas, y ha sido muy cuestionado el titular de la APREVIDE Juan Manuel Lugones, quien fue cobrando un fuerte perfil policialista y ha hecho de la 'guerra' contra las barras una vidriera política".
La cruzada del ex funcionario macrista avanzó más allá. Algunas de las críticas que recibió fueron porque coartó la posibilidad de ingresar a la cancha con el pañuelo verde, uno de los significantes más fuertes del feminismo, como sucedió en Racing en octubre del año pasado. También le aplicaron el derecho de admisión a imágenes justicialistas en los estadios de Banfield y Sarmiento de Junín (este último lleva curiosamente el nombre de Eva Perón). Las prácticas anti-derechos fueron una característica central del último gobierno.
Salvemos al Fútbol –una ONG fundada en 2006– analizó políticas anteriores a la etapa macrista y describe el fracaso de todos los gobiernos en la lucha contra la violencia en el fútbol: "sumaron policías, agregaron dispositivos de vigilancia, endurecieron leyes e incrementaron cada vez más los controles en las canchas. Pero ninguna de esas iniciativas fue exitosa: año a año se reproducen los incidentes y las muertes, y la percepción general de la sociedad es que los estadios argentinos son espacios violentos".
La alta exposición pública con que Bullrich y otros funcionarios intentaron disimular su escasa eficacia para resolver un problema que lleva más de cuatro décadas, quedó expuesta en otra parte del trabajo: "Cambiemos hizo con la seguridad deportiva un importante foco de comunicación política y de gestión. El marketing securitario estuvo siempre a la orden del día a través de comunicaciones en redes sociales de los principales funcionarios (Patricia Bullrich y Juan Manuel Lugones en primer orden), siempre a caballo del encarcelamiento de personas y de adopción de medidas de control".
"Marketing con gente detenida"
Diego Murzi y Federico Czesli trabajaron en el informe sobre violencia en el fútbol junto a Belén Nassar, Fernando Segura Trejo, Eric Verschoor y el presidente de la ONG, Mariano Bergés. El texto en lo que se refiere al período macrista, se basa en la tesis para el doctorado de Sociología de la UBA del primero de los nombrados. Titulada "Fútbol, violencia y estado", tomará forma de libro en 2020. "Quedó la sensación de que la gestión en seguridad deportiva y seguridad en general fue exitosa porque los sentidos de la sociedad están muy ligados a lo represivo. A un gobierno de derecha como el de Macri esa política no le sentó incómoda y pudo desplegar su marketing securitario a partir de la gente que detenía", explica Murzi, quien a su vez es vice de Salvemos al Fútbol.
Para su colega, el licenciado en Comunicación Czesli, "lo primero que deberíamos preguntarnos es por qué pese a los permanentes esfuerzos que se realizaron en los últimos 40 años, el problema de la violencia no se resuelve. El gobierno de Macri continuó con una perspectiva punitiva: más controles a través de Tribuna Segura y más prohibiciones. Se construyó a las barras bravas como representación de las mafias a combatir y se realizaron detenciones que no en todos los casos tuvieron motivaciones claras. Tampoco fue clara la aplicación del derecho de admisión ni el protocolo para salir de él".
Un dato del gobierno que concluyó el 10 de
diciembre es que en su ministerio fetiche, el que controló con mano dura
Patricia Bullrich, se subejecutó el presupuesto del área en los últimos dos
años. Tal vez eso explique lo que Murzi marcó como una carencia del macrismo: "no hubo ningún tipo de política preventiva en términos culturales, no les
importó ni el machismo, ni la homofobia ni la discriminación, ni se trabajó
mucho con los clubes".
