De 60 técnicos para atender a casi 10 mil familias de la agricultura familiar en Salta, durante el macrismo se despidieron a 24. De las siete camionetas con las que contaban antes quedaron solo 2. 

De 18 departamentos de la provincia donde había abordaje territorial, solo 9 quedaron cubiertos. Se tuvo que buscar refugio en delegaciones nacionales como el INTA para tener un espacio en donde poder trabajar que se reducía a dos metros por dos metros por trabajador. Y las gestiones de los proyectos fueron siempre de índole y gestión personal más que por medio de los responsables institucionales.

Este maltrato contra los trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SAF), en Salta fue denunciado a través de una carta abierta. Hoy a las 10 en la sede de ATE (Esteco y La Rioja), los trabajadores agrupados en ATE Agricultura darán una conferencia para explicar el estado en el que dejó el macrismo a la institución y solicitar la reincorporación de todos los despedidos durante estos años.

Como caras visibles del desguase señalaron a la gestión de Carlos López Sanabria y Kenji Gómez Matsumoto. Este último se mostró muy cercano al actual gobernador, Gustavo Sáenz, en una foto en la cual también aparece el ministro de Producción, Martín de los Ríos, a quien se relaciona con quienes quieren extender la superficie de desmontes en la provincia.

La institución que empoderó a las poblaciones campesinas indígenas y criollas existe hace 25 años y pasó por diversos nombres. Son quienes van a los territorios más alejados e inaccesibles de la provincia y gestionan un recurso como el agua, entre muchos otros.

Pero los trabajadores estimaron que la mayor molestia de los grandes productores del campo va por otro lado: el asesoramiento legal para que los campesinos no pierdan las tierras a través de los desalojos que impulsan quienes las compraron pese a conocer que ya vivía gente adentro. 

“La población campesina y las comunidades de pueblos originarios han sido estigmatizados por el gobierno de (el ex presidente, Mauricio), Macri y para muestra basta recordar la mala prensa de las comunidades mapuches en Patagonia o el apoyo de (la ex vicepresidenta, Gabriela), Michetti y los intentos violentos de desalojo de familias a pedido de los terratenientes de las estancias y fincas del Valle Calchaquí en Salta”, recordaron los trabajadores.

Sostuvieron que este sector institucional que se ocupa de la agricultura familiar “incomoda a la oligarquía argentina que concentra el 70 por ciento de las tierras. Por ello su brazo partidista y sus cómplices a cargo de la gestión MM, actuaron con saña”. 

La decisión política que afirmaron muestra enteramente esta vulneración fueron los más de 900 despedidos injustamente en el Ministerio de Agricultura de la Nación, que estuvo a cargo de Luis Etchevere, representante de la Sociedad Rural Argentina. Entre los despedidos hay profesionales formados y con trayectoria que quedaron sin trabajo. Con su ida, territorios rurales enteros y miles de familias campesinas indígenas quedaron sin el acompañamiento técnico cotidiano del Estado.

“Pero nada fue casual. En donde la frontera agropecuaria, el cultivo de la soja, la ganadería extensiva, el negocio inmobiliario para el turismo o el desmonte eran necesarios para favorecer a los grandes productores y empresarios y amigos, ahí fue donde el vacío y la saña fueron mayores. El Chaco Salteño quedó así con escasos técnicos para cubrir miles de kilómetros cuadrados y de ese modo, el cambio de color en la Ley de Bosques y cualquier otra acción de despojo sería más fácil”. 

Incluso en esas mismas tierras del Chaco Salteño es donde se encuentra un emprendimiento rural de la familia Macri.

Por último denunciaron que “la coordinación institucional de Gómez Matsumoto en la SAF se caracterizó por su permanente ausencia en su lugar de trabajo, responsable de los despidos, ninguna reunión de planificación, su nulo interés en el trabajo de los técnicos y en la realidad del sector, el uso de los vehículos oficiales para sus viajes de campaña proselitista, ninguneo y desprecio a las especializaciones profesionales, desinterés de la situación de hacinamiento laboral, complicidad en el abandono total del patrimonio institucional, entre otras formas y modos que ameritan esta denuncia pública”. 

A los trabajadores les preocupó que ahora sea convocado a ocupar cargos en la nueva gestión provincial de Sáenz.